El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, expuso este 20 de marzo ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, los argumentos para que los diputados ratifiquen la reforma a la Constitución para habilitar la pena perpetua para ciertos delitos.

El funcionario del Ministerio Público argumentó que la aplicación de las penas perpetuas es compatible con el sistema interamericano de derechos humanos. 

Delgado aseguró que las reformas a leyes secundarias pretenden darle viabilidad a la reforma constitucional del artículo 27. 

Una de estas reformas es la incorporación del artículo 92-B del Código Penal que establecerá una revisión de la pena perpetua, la cual se ejecutará, con revisión obligatoria una vez cumplidos: 25 años, para delitos cometidos por menores de edad; 30 años, si fuere un solo delito; 35, si hubiese concurso de delitos; y 40 años, “cuando concurra una agravante específica o extrema gravedad cualificada”. 

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Con respecto a esta reforma, el fiscal general expuso que esta es una pena que será de larga duración y permitirá determinar “si la persona a la que se le ha impuesto esta pena ha recuperado la voluntad de cumplir con las normas jurídicas del Estado”.

“Esta reforma no implica una aniquilación biológica de los destinatarios de la norma y no es incompatible con un sistema jurídico civilizado que es el que aplicamos en El Salvador, un sistema duro, exigente, sí, pero civilizado”, afirmó Delgado.

Además, añadió que si la persona condenada, luego de cumplir lo establecido en el artículo 92-B podrá pasar a un régimen de libertad controlada.

“Si la persona no ha cumplido tiene que continuar en la cárcel, es bien sencillo, se porta bien, se rehabilita, como lo dice el mismo artículo 27, si la persona se rehabilita pasa a un régimen de libertad controlado”, aseguró el funcionario.

“Pero si la persona no se rehabilita va a seguir guardando prisión hasta que le llegue la segunda revisión, otros 30 años y así sucesivamente, pero ¿Quién es el responsable de no rehabilitarse?”, agregó.

Delgado dio el visto bueno a la reforma constitucional y de leyes secundarias e instó a los diputados “a mantener esa línea y ratificar esa reforma”.

Por su parte, el experto en derechos humanos, Benjamín Cuellar, aseguró que para aplicar penas perpetuas se necesita “un sistema de justicia sólido y confiable”. “Y de eso estamos cada vez más lejos; se echó a la basura lo poco que se había avanzado”, cuestionó.