EFE/Susana Peñate

Durante una gira en España esta semana, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, criticó este miércoles a los ‘bukelefóbicos’ que creen que «todo» lo que hace el presidente, Nayib Bukele, «está mal», al tiempo que defendió la política llevada a cabo contra las pandillas o la seguridad del sistema penitenciario.

Según el vicepresidente, “hay una tergiversación de muchos medios de qué es el régimen de excepción”.

“El régimen de excepción, jamás desde que se decretó el 27 de marzo de 2022, ha afectado una sola libertad pública, ni una sola. Fue decretado para limitar garantías constitucionales, que a este día solo se afectan dos», defendió en una entrevista de Casa de América de EFE.

En el primer decreto sí se suspendió el derecho de libre asociación y reunión pacífica del artículo 7 de la Constitución; pero ya no se incluyó en las posteriores prórrogas.

El régimen actualmente suspende tres garantías: la defensa técnica, el plazo de la detención administrativa de 72 horas (la extiende a 15 días) y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.

Sobre las denuncias de organizaciones sociales de 482 muertes en centros penales de detenidos en el régimen de excepción, aseguró que en las cárceles españolas hubo «602 muertos» entre 2022 y 2024, «345 de forma violenta».

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«Que la gente se muere en la cárcel, se muere. La mayor denuncia que yo escuché era que se habían muerto 348 presos durante el régimen de excepción, o sea, en cuatro años”, dijo.

Aseguró que pidió al director de Centros Penales un histórico de los muertos en diez años y que es de 350 y 200 cada año, antes del régimen.

“Las personas se mueren, se mueren en la cárcel, se mueren en los hospitales, se mueren en todos sitios», agregó que eso es “una lectura, una leyenda» que se ha desarrollado.

Cuestionó si las organizaciones internacionales que hacen las denuncias han ido a las cárceles a verificar. Y las calificó como parte del 1.8% de personas que no están de acuerdo con el gobierno.

Dijo que se han liberado más de 8,000 personas en cuatro años que “lograron probar” en los juzgados que no pertenecían a pandillas.

Aunque defendió la operación en seguridad, reconoció que “ese margen de error hay que reducirlo y hay que ir tomando las medidas para corregir malas prácticas de algunos agentes de autoridad, abusos de autoridad, delitos de algunos miembros de las fuerzas del orden”.

Comentó que hace tres meses se condenó a un comisionado de la Policía que estaba extorsionando a una familia, con la amenaza que los acusaría de ser pandilleros.

Aseguró que son “actos criminales de individuos y no es política de Estado”.

A la pregunta de si se va a continuar con el estado de excepción, Ulloa hizo referencia a una encuesta reciente de un medio de comunicación y dijo que se consultó a la gente que si quería que continuara el régimen y que “el 96% dijo que sí”.

“O sea, un porcentaje de personas que no respaldan o que no están de acuerdo con el presidente quieren que el régimen de excepción continúe”, dijo.

Afirmó que el gobierno ha dicho que quitarán el régimen de excepción “cuando el pueblo salvadoreño diga que ya no lo quiere, pero ahora el 97% de la población quiere el régimen de excepción”.

Aunque cabe señalar que la encuesta de La Prensa Gráfica dice que el 70.3 % de la población identifica la seguridad como mayor logro, no consigna que haya consultado sobre la continuidad del régimen ni ese 97% expresado por Ulloa.

También defendió las reformas procesales penales de juicios masivos, de “arquitectura jurídica” para las estructuras criminales.