La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos sentó un precedente al autorizar a la Administración republicana a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para unos 350.000 haitianos y 6.100 sirios, ahora expuestos a la deportación.

Esta decisión pone en peligro a los aproximadamente 1.3 millones de personas de 17 países que contaban con ese estatus al regreso de Trump al poder.

Estos países son: Afganistán, Birmania (Myanmar), Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Líbano, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen.

Los votos fueron a favor de los seis magistrados conservadores y disensos de las tres juezas liberales.

Miles en peligro de deportación

La opinión mayoritaria coincidió en que la ley que regula el TPS, creado en 1990 para ofrecer refugio temporal a personas que no pueden regresar con seguridad a sus países, impide a los jueces revisar las decisiones del Gobierno sobre estas protecciones.

Ante reclamos de los demandantes haitianos por los numerosos comentarios despectivos de Trump, quien durante la campaña presidencial llegó a acusar -sin base- a estos inmigrantes de comer mascotas en un pueblo de Ohio, los jueces conservadores sostuvieron que «ninguna de las expresiones es abiertamente racial».

«Esta decisión pondrá en peligro a los haitianos beneficiarios del TPS que huyeron de su tierra natal en busca de aquello que generaciones de inmigrantes anhelaban al tomar la dolorosa decisión de dejar atrás todo lo que conocían: vivir seguros», afirmó el equipo legal de estos ciudadanos al darse a conocer dictamen.

Los abogados advirtieron que este fallo «resultará en la muerte violenta e innecesaria de miles de personas inocentes».

El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y se concede a personas consideradas en peligro si regresan a su país de origen debido a guerra, desastre natural u otras circunstancias extraordinarias. 

Los abogados de los beneficiarios haitianos y sirios del TPS sostuvieron durante los alegatos ante el tribunal en abril que las condiciones en sus países de origen seguían siendo inseguras y que la medida del gobierno estaba motivada, al menos en parte, por hostilidad racial. 

El magistrado Samuel Alito, quien redactó la opinión mayoritaria a la que se sumaron los otros cinco jueces conservadores del tribunal supremo, rechazó los argumentos de que la raza fuera un «factor determinante» en la decisión de Trump de retirar a los haitianos el TPS. 

«Ninguna de las declaraciones señaladas, ya sea del presidente o del secretario (de Seguridad Nacional), fue abiertamente racial y, en esencia, todas expresaban posturas políticas que podían sustentarse en justificaciones neutrales en cuanto a la raza», escribió Alito.

En juego las protecciones constitucionales

El tribunal supremo se prepara para emitir más decisiones en los próximos días antes de su usual receso estival, que podría comenzar a finales de junio o principios de julio. El próximo día de opiniones será el próximo lunes, 29 de junio.

Entre ellos resalta un fallo clave que decidirá la constitucionalidad de una polémica orden con la que Trump quiere negar la ciudadanía por derecho de nacimiento, consagrada en la Enmienda 14 de la Carta Magna estadounidense, a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

Este es un tema de gran relevancia para el presidente, quien durante los argumentos del caso hizo historia al convertirse en el primer mandatario en ejercicio en asistir a una vista en el Supremo.

Entonces, el Alto Tribunal pareció escéptico ante la posición del Gobierno. El presidente de la Corte, el conservador centrista John Roberts, indicó que aunque los tiempos hayan cambiado, «la Constitución sigue siendo la misma».

Activistas advierten que un dictamen a favor del Gobierno sentaría un precedente peligroso para la protección de derechos constitucionales.