Asamblea ratificará que se aplique la cadena perpetua
El Órgano Legislativo también aprobará reformas de leyes penales para castigar con la prisión perpetua los delitos de homicidio, violación sexual y terrorismo.
Foto EDH/ Miguel Lemus
A un día de cumplirse cuatro años de vigencia del régimen, la Asamblea Legislativa, siempre a petición del Gabinete de Seguridad y de Nuevas Ideas, aprobó la prórroga número 49 al decreto que suspende algunas garantías constitucionales de manera general.
Este 27 de marzo se cumplen cuatro años de implementación del régimen de excepción, el cual inició como una medida de acción al incremento de asesinatos atribuidos a las pandillas y aunque en los últimos años el gobierno afirma que se ha mejorado la seguridad y disminuido significativamente los homicidios, cada mes pide la prórroga del mismo.
El último decreto finaliza su vigencia el próximo 31 de marzo, por lo que los nuevos 30 días de régimen de excepción abarcarán todo el mes de abril de 2026.
El régimen de excepción suspende el derecho de la persona detenida a ser informada de los motivos de esa detención y a la defensa técnica; amplía el plazo de la detención administrativa de 72 horas a 15 días y suspende el derecho de inviolabilidad de las telecomunicaciones y correspondencia.
Al igual que en la prolongación anterior, el gobierno argumentó que la prórroga sucesiva del régimen de excepción “resulta jurídicamente válida en tanto subsista la necesidad de este mecanismo extraordinario para atender las graves alteraciones al orden público”.
Pero también afirmó que la aplicación de las políticas de seguridad han permitido la reducción histórica en los índices de homicidios, con “1,165 días sin la ocurrencia de este delito durante el actual gobierno» y la captura de más de 91,650 personas, a quienes se les acusa de tener vínculos con estructuras criminales.
Como cada mes, se aprobó con votos de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Asamblea Legislativa aprueba la prórroga 49 al régimen de excepción, el cual cumple mañana 4 años de vigencia pic.twitter.com/aiT8Zr3sPY
Cabe destacar que durante este tiempo diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado abusos y arbitrariedades cometidas en el marco del régimen de excepción.
Por ejemplo, la muerte de 500 personas que estaban bajo custodia del Estado en centros penitenciarios, principalmente del penal de Mariona. Algunos de ellos murieron sin que han sido condenados en tribunales por delito alguno, según los registros.
También han denunciado capturas arbitrarias, desapariciones y torturas, entre otros hechos que un grupo de expertos internacionales consideró como indicios de posibles crímenes de lesa humanidad. Además de que habría sido usado para criminalizar a voces críticas y defensores de derechos humanos.
Otras organizaciones, como MOVIR, también presentaron Habeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia, la cual rechazó a la gran mayoría.
Por su parte, el gobierno no ha dado validez a ninguna de las denuncias de las organizaciones y, al contrario, critica las posturas de los defensores de derechos humanos.
