El Salvador aumentó la cantidad de residencias definitivas entregadas a extranjeros durante 2025, año en el que la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Especial de Migración y Extranjería con la que autoridades buscaban otorgar beneficios a extranjeros que respalden programas promovidos por el Gobierno.
Cifras proporcionadas por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) demuestran que el año pasado cerró con 1,915 residencias definitivas otorgadas. Esta cantidad es 44.5% mayor a las entregadas durante 2024. Para ese año, reportaron 1,325 residencias otorgadas.
La normativa salvadoreña afirma que este tipo de estatus migratorio se da a personas que, tras cumplir una serie de requisitos, adquieren el derecho de residir indefinidamente en El Salvador.
La cifra alcanzada durante 2025 es la más alta de los últimos cinco años, según el Sistema Integrado de Gestión Migratoria de la DGME. Los datos reflejan que para 2021 fueron 905; un año después esta llegó hasta 1,113 y para 2023 ya se observaba un tendencia al alza cuando las residencias otorgadas alcanzaron las 1,277.
La Ley Especial de Migración y Extranjería establece requisitos para que una persona extranjera pueda obtener este estatus migratorio. En mayo de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la referida ley y agregaron un numeral al artículo 152.
«Podrán obtener la residencia definitiva las siguientes personas: 13) Los extranjeros que se adhieran a los programas que promueva el gobierno central, de la clase que fueren, sin necesidad de obtener previamente la residencia temporal… Dichas personas estarán exentas de cumplir con lo regulado en el artículo 154», fue parte de la modificación que está vigente desde mayo del año pasado.
Con esta modificación, los extranjeros que inviertan en programas gubernamentales salvadoreños, de cualquier índole, podrán ser residentes de El Salvador sin necesidad de estar en el territorio salvadoreño.
Los países que encabezan el listado con más ciudadanos que obtuvieron una residencia definitiva en 2025 fueron: Colombia, con 141; Guatemala, con 264; Honduras, con 487; Nicaragua, con 462; Estados Unidos con 88 y Venezuela, con 60.
