Cada verano el abastecerse de agua del río Goascorán para el uso doméstico y para el ganado se les dificulta a los habitantes de los caseríos Barrancones, sector El Chorizo y Candelaria de la Rompisión, cantón Piedras Blancas, distrito de Pasaquina, La Unión Norte, afectando alrededor de 130 familias debido a la poca cantidad de agua que baja del afluente, con el agravante que en ocasiones esta ya no puede utilizarse por la filtración de agua salada durante algunas mareas.

Barrancones, El Chorizo y Candelaria de la Rompisión están situadas en la zona limítrofe entre El Salvador y Honduras.

De acuerdo con los lugareños el agua  no fluye debido a varias condiciones que se encuentran algunos puntos del río, como el azolvamiento de arena, lodo, desechos y otras obstrucciones que se van acumulando en cada invierno, y durante el verano su cauce se desvía por otras zonas provocando que baje muy limitado el recurso a sus comunidades.

Ambas comunidades están situadas en la zona limítrofe del río Goascorán entre El Salvador y Honduras. Son alrededor de 130 las familias afectadas; estas cuentan con un sistema de agua comunitario deficiente debido al poco caudal de agua del pozo, y el servicio lo reciben de manera racionada y no es apta para el consumo, aseguran los lugareños.

El agua del río la usan para lavar ropa, utensilios de cocina, bañarse, para las labores de limpieza, y también llevan el ganado para que beba. Para el consumo compran los fardos o garrafones de agua.

Ángel Miguel Leiva, quien vive en caserío Barrancones, explica que entre enero y abril tienen que enfrentar la falta de agua dulce en el Goascorán, debido a que hay varios puntos de asolvamientos o islitas que impiden el curso del agua río abajo, provocando que durante las mareas se filtre el agua del mar. “A partir de febrero empieza a ponerse más difícil nuestra situación porque el agua dulce se reduce e ingresa la salada del mar; y en esas condiciones no se puede usarla ni para bañarse o aguar a los animales”, dice. 

“Cuando el río rompe (el cauce) para el lado de Honduras, se cierra la salida del agua para nuestras comunidades. Lo que necesitamos es que los dos gobiernos se pongan de acuerdo y busquen resolver ese problema para el beneficio de las comunidades, tanto los hondureños y salvadoreños”, añadió.

Leiva es uno de los habitantes de Barrancones que, junto a otras personas, se han involucrado en las diferentes reuniones de la comunidad para tratar de gestionar con las diferentes instituciones para que se ejecute un proyecto del dragado de las áreas del río donde cada invierno se van acumulando los sedimentos y los desechos.

Lamenta que lo único que han tenido son las visitas de los funcionarios. Hace más de 10 años el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) llevaron maquinaria para tratar de desalojar uno de los taponamientos: “nunca lograron resolverlo, solo trabajaron por días y semanas. Luego la comunidad nos organizamos y con nuestros propios recursos logramos sacar bastante plástico y árboles que fueron arrastrados durante la crecida del río y las mareas altas”, recordó Leiva.

“Aquí han venido las autoridades de Obras Públicas, de Cancillería y de otras diciendo que se unirían con Honduras para que se dragara y esa sería la única alternativa que hemos pedido por muchos años para que se llevará a cabo, pero no ha sido posible y seguimos afectados y el problema es que nada hacen”, aseguró Leiva.

José Orlando Rosales, oriundo de Barrancones, se encuentra de visita en el país. Hace cuatro años se fue a residir al extranjero. Dice que cada año que viene a visitar a su familia va notando más la reducción del caudal del agua durante el verano. “Cada vez que regreso veo como más aterrado el río de arena y menos agua dulce baja, y eso siempre viene afectando a la comunidad porque cada vez se va secando y complica más las actividades para las personas”.

Rosales trabajó seis años en el comité de agua del caserío, y confirmó que el agua se da racionada debido a la poca capacidad de captación del tanque.

La visita

El 18 de diciembre de 2025 el distrito de Pasaquina, en su cuenta oficial de Facebook, publicó fotografías de la visita que hicieron a los tres islotes ubicados en el sector Los Carpules, La Costa y Candelaria de La Rompisión, en las riberas del río Goascorán.

“Nuestro director de distrito Mauricio González, junto a autoridades de ASA, Cancillería y el MOPT, realizaron la inspección a los tres islotes. Esto con el fin de realizar un trabajo articulado entre estas instituciones para dar solución al problema generado por la acumulación de arena, madera y desechos que imposibilitan el libre flujo de agua que ha afectado el caudal del río”.

Tras la visita más reciente en diciembre de 2025 de una comisión representando a varias instituciones del gobierno salvadoreño, hubo compromisos que a partir de enero iniciarían con los trabajos para dragar los sectores más afectados, pero no regresaron aseguran otros habitantes de Candelaria de la Rompisión y Barrancones que prefirieron no dar sus nombres. 

Se buscó una versión oficial del MOPT a través de la unidad de comunicaciones, al cierre de la edición no hubo respuesta.

También se buscó una versión con el Ministerio de Relaciones Exteriores, marcando el número del conmutador pero la llamada no fue atendida.

Juzgado Ambiental en el 2022 ordenó la destrucción de unas bordas construidas en medio del río

En el 2022, el Juzgado Ambiental con sede en la ciudad de San Miguel aperturó el caso por denuncia de comunidades salvadoreñas ubicadas en la zona fronteriza con Honduras, esto por el cambio del cauce del río Goascorán, tomando en cuenta el impacto de afectaciones a varias comunidades por la construcción de unas bordas por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)  en el sitio de Los Carpules, en el cantón Piedras Blancas.

En su momento las comunidades se quejaron que las bordas fueron construidas en medio del Goascorán para proteger terrenos privados a un costado del cauce; las bordas fueron hechas con arena evitando que el río siguiera su cauce y desviándose a otros sitios, lo que dejó a numerosas viviendas sin poder abastecerse con agua del río.

En ese año las comunidades se organizaron y asistieron a la inspección técnica del lugar por parte del juez, junto a otras instituciones citadas, y con el acompañamiento de autoridades hondureñas. 

Los grupos de las comunidades se hicieron presente portando carteles y pidiendo que se destruyeran dichas bordas, que tenían un aproximado de 50 metros de largo y que estaban situadas en medio del río.

Ángel Miguel Leiva, habitante de la zona, manifestó que las dos comunidades más afectadas por la disminución del agua tienen varios años de gestionar ayuda y ha sido mínimo el resultado: “hubo un año que nos movilizamos como comunidades pidiendo el apoyo al Juzgado para que nos ayudarán por unas bordas que construyeron”.

“Ese año fue más duro para nosotros en el verano porque nos quedamos como con un charquito de agua y era salada, que ni servía para que las vacas la tomarán; los animales andaban río arriba y río abajo buscando el agua dulce”, recordó Leiva.

Fuentes extraoficiales del Gobierno manifestaron que en las reuniones que se ha sostenido a nivel de las instituciones se plantea que lo más indicado es que el problema se trate de manera binacional, es decir que el Estado salvadoreño y hondureño formalicen un proyecto como plan de trabajo con las acciones como obras de mitigación y limpieza del asolvamiento en los sitios más críticos, esto para garantizar que cada año las comunidades puedan tener acceso al agua dulce del río para el uso doméstico y la cría de sus animales.

La neta es que solo cuando hay votaciones sí se dan cuenta de que Barrancones pertenece a El Salvador. Entonces tocará ir a meter papeles a Honduras;  y se enojaron cuando les dije eso a unos funcionarios salvadoreños que nos visitaron, Ángel Miguel Leiva, habitante.