Human Rights Watch (HRW) hace público su Informe Mundial en cuyo capítulo sobre El Salvador se expone varios puntos que evidencian el deterioro de derechos humanos durante 2025. Dicho reporte se encontraba bajo embargo hasta este 4 de febrero.

HRW analizó nueve apartados en los que resumen los acontecimientos reportados en el país vinculados con abuso de poder o violación de derechos. Se destaca que el año pasado el Gobierno del presidente Nayib Bukele «intensificó los ataques» en contra de organizaciones de la sociedad civil. 

Entre estos describieron la captura del líder comunitario y pastor evangélico, José Ángel Pérez, junto al abogado Alejandro Henríquez, detenidos luego de participar en una protesta pacífica contra el inminente desalojo de una comunidad en La Libertad. 

Pérez y Henríquez fueron puestos en libertad el 17 de diciembre de 2025 luego de enfrentar una audiencia especial y suspendieron el proceso penal en su contra mientras cumplen una serie de condiciones, entre estas no poder salir del país y no cambiar de domicilio. 

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El organismo también citó la detención de la abogada Ruth López, defensora de derechos humanos y directora del área de anticorrupción y justicia de Cristosal, ocurrida el 18 de mayo de 2025 y quien fue acusada por enriquecimiento ilícito. Su detención ocurrió una semana después de la captura de Pérez y Henríquez.

Luego, un mes más tarde, el 7 de junio, las autoridades también detuvieron al abogado constitucionalista Enrique Anaya, crítico del gobierno de Bukele y a quien le imputaron el delito de lavado de dinero. 

«Las detenciones de López y Anaya mandaron un mensaje inequívoco que el poco espacio crítico que existía ya no es tolerable en el país», aseveró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Tanto López como Anaya permanecen detenidos provisionalmente y ambos, según ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «permanecen en régimen de incomunicación; además, sus casos han sido declarados bajo reserva».

El informe también señala que en julio de 2025, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de gobierno, aprobó una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida. 

Además, consigna que la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30 % sobre toda financiación extranjera, incluyendo donaciones, fue otro aspecto que intensificó los ataques en contra de la sociedad civil. «La Ley de Agentes Extranjeros viola las obligaciones de El Salvador conforme al derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen la libertad de expresión y asociación», analizó HRW en el informe. 

VER: El 94% de muertos del régimen no tenía vínculos con pandillas

El cierre de las oficinas en El Salvador de Cristosal y de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) también es parte de la escalada por parte del Gobierno, aseguran. La primera cerró operaciones en el país luego de alegar una «escalada represiva»; la segunda fue por los requisitos de la ley aprobada por el gobierno de agentes extranjeros, ya que analizaron que era «asfixiante». 

Human Rights Watch también enfatizó que entre mayo y septiembre de 2025, al menos 140 defensores de derechos humanos y periodistas huyeron del país por temor a sufrir represalias.

Deportaciones de venezolanos  

La deportación de 252 venezolanos desde EE.UU., entre marzo y abril, luego encarcelados en el CECOT, «expuso la brutalidad del sistema penitenciario que el gobierno de Bukele hoy promociona ante otros países de la región», a juicio de Goebertus.

HRW documentó testimonios de un grupo de venezolanos sobre los cuatro meses que estuvieron encarcelados sobre torturas, malos tratos, falta de atención médica, entre otros abusos.

118,000 reclusos

El organismo internacional también se refirió en el informe al régimen de excepción implementado por el gobierno desde el 27 de marzo de 2022, y que se encamina a su cuarto año, luego de una escalada de violencia que dejó 87 asesinatos en un lapso de tres días. 

HRW reiteró que una parte de los detenidos bajo el régimen no tienen «vínculos aparentes con la violencia de las pandillas» y que las capturas han sido por denuncias anónimas o por la apariencia física de las personas. 

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Socorro Jurídico Humanitario reveló recientemente que desde que se implementa el régimen de excepción hasta el 31 de diciembre de 2025 documentaron al menos 470 muertes de privados de libertad. Afirmaron que un 94% de estos no tenían ninguna vinculación comprobada con pandillas. 

En el informe mundial también se revela que la población carcelaria de El Salvador se elevó a unos 118,000 reclusos, «más del doble de la capacidad instalada del sistema penitenciario del país», afirman.  «Lo que ha agravado significativamente las condiciones de detención que ya eran precarias. Al momento de redacción de este informe, alrededor del 1.9 % de la población del país se encontraba detenida, una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo», indicaron. 

La directora para las Américas de Human Rights Watch también se refirió a la reciente visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien recorrió el CECOT. Goebertus tildó de preocupante que «se preste a legitimar un modelo que normaliza violaciones graves de derechos humanos y una cárcel donde se cometen torturas».

En el marco de la visita de Kast, el presidente Bukele respondió a una pregunta de una periodista chilena sobre los cuestionamientos de organismos internacionales con respecto a la violación de derechos humanos en cárceles. Afirmó, sin precisar datos, que en menos de 10 años el 70% de los presos saldrán libres, dado que la mayoría son parte de algún programa en el sistema penitenciario. 

Bukele también se refirió a las muertes de reos durante el régimen. Dijo que la cifra de personas que han muerto en las cárceles del país es «mucho menor a las que han muerto en las cárceles de toda Latinoamérica, incluyendo a Chile, porcentualmente». Afirmó que el porcentaje de reos en El Salvador que mueren es menor al de personas en libertad que mueren por razones naturales.