Deportado lleva dos años detenido sin que familia tenga claridad de situación jurídica
La familia de José Roger Urquilla Rivas, quien fue detenido en su retorno al país, recurrió a la Corte Suprema de Justicia y el tribunal la envió a consultar a quien controla su privación de libertad
La familia de José Roger acudió a la CSJ, donde los remitieron a buscar a otras instancias. FOTOS EDH /EMERSON DEL CID
José Roger Urquilla Rivas fue deportado de Estados Unidos en agosto de 2023, tras poco tiempo de intentar cruzar la frontera, huyendo de presuntas amenazas en El Salvador. A su retorno, autoridades policiales le informaron que lo detendrían por agrupaciones ilícitas y llevarían a la delegación policial de Zacatecoluca. Roger, extrañado, llamó a su madre, Sara de Pérez, para decirle que llegase a la sede policial. Lo hizo desde el teléfono de uno de los agentes.
En la delegación de Zacatecoluca, Sara llegó a pedir explicaciones de por qué detenían a su hijo. Cuenta que un agente de la policía respondió sin titubear que Roger era extraditado «con código rojo» por un juez de Estados Unidos. Pidió más explicaciones de por qué era traído en esas condiciones si su hijo fue capturado por autoridades migratorias por intentar establecerse en EE.UU. irregularmente. El policía cambió su respuesta y le dijo: «Señora, su hijo está capturado por agrupaciones ilícitas».
En su búsqueda de respuestas sobre su situación jurídica, la familia de Roger presentó hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, el máximo tribunal lo declaró improcedente en agosto de 2024.
«Respecto a la obtención de información sobre la situación jurídica del señor Urquilla Rivas, la peticionaria debe abocarse a la autoridad que ordenó y controla la privación de libertad del referido señor a requerirla. Es así que al no haber la peticionaria argumentado un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición», dice el documento.
Además, para no admitir la solicitud, la CSJ alegó sobrecarga laboral, ante «el número de demandas referidas hechos en el contexto del régimen de excepción».
La familia de Roger se quedó sin respuestas. Y hasta la fecha desconocen la situación jurídica del detenido, quien a dos años de estar encarcelado aún no ha tenido audiencia.
No era la primera vez que Roger intentaba ir a Estados Unidos. Ya había residido en el país norteamericano entre el 2011 y 2019. Esa primera vez que viajó tenía 21 años de edad, y viajó para mejorar su calidad de vida. Sara recuerda una ocasión que los pandilleros llegaron de noche a buscarlo. A Roger lo sacaron de la casa para «hacer un viaje», pero en realidad fue para darle una golpiza.
Hasta el 10 de junio de 2023 pudo emprender su trayecto hacia el exterior. Cuando fue capturado en San Antonio, Texas, por autoridades migratorias, Roger solo esperaba «el levantón». En la jerga de los migrantes, el «levantón» es el momento en que un nuevo «pollero» los recoge a orilla de una carretera con una camioneta y los traslada a una casa de seguridad.
Por medio de una asesoría legal, Sara descubrió que a su hijo le pusieron una denuncia anónima de asociaciones ilícitas el 12 de julio de 2023, un mes después de salir del país.
Con su deportación de Estados Unidos y su captura en El Salvador, Roger comenzó el proceso judicial bajo las nuevas disposiciones del régimen de excepción respecto a los plazos. Pasado más de un año, Sara gestionó una constancia de antecedentes penales con fecha 23 de septiembre de 2024, donde detalla que su hijo Roger no posee ningún antecedente a la fecha.
Roger estuvo un año en Izalco, y en julio y agosto de 2024 fue trasladado al penal de Ciudad Barrios.
«Él está limpio. Váyase a San Salvador a solicitar una audiencia especial porque él está limpio. Las investigaciones de él ya estuvieron, es tiempo perdido», recuerda que le dijeron. Sara acudió a la PDDH, pero dice que no se respondieron.
El 20 de agosto de 2025 fue contactada por la PDDH donde le dijeron que según evaluación médica él padecía de insuficiencia renal crónica y que estaba en tratamiento. Solicitó un informe del estado de salud de su hijo, hasta la fecha sigue sin tener respuesta.
