La red comercializaba billetes falsos de $10, $20 y $50. Las investigaciones iniciaron tras una compra realizada con dinero falso en Usulután
La red comercializaba billetes falsos de $10, $20 y $50. Las investigaciones iniciaron tras una compra realizada con dinero falso en Usulután

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 28 integrantes de una estructura dedicada a la fabricación y distribución de billetes falsos en diferentes zonas de El Salvador, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el Ministerio Público, los procesados fueron encontrados culpables de los delitos de estafa agravada en modalidad de delito en masa, falsificación, tenencia o alteración de moneda en concurso ideal y agrupaciones ilícitas.
Las condenas oscilan entre los 24 y los 26 años de prisión, luego de que la Fiscalía demostrara la existencia de una organización que operaba de forma estructurada para introducir al mercado nacional billetes falsificados de $10, $20 y $50.
Según la resolución judicial, ocho de los acusados recibieron penas de 26 años y cuatro meses de cárcel, mientras que otros 20 fueron condenados a 24 años y cuatro meses de prisión.
Las investigaciones establecieron que la organización criminal mantenía una estructura jerarquizada que permitía fabricar, distribuir y poner en circulación los billetes falsos en distintos puntos del país.
En el primer nivel se encontraban quienes elaboraban el dinero falsificado. La Fiscalía identificó a José Alejandro Portillo Salgado y Edwin Omar Rivas como los encargados de producir los billetes y comercializarlos entre los distribuidores principales.
Los billetes eran vendidos a razón de dos dólares por unidad a un segundo grupo conformado por distribuidores mayoristas, entre ellos José Efraín Ramos, María Cecilia López, Julio César Brizuela y Mario Ernesto Avelar López.

Posteriormente, estos los revendían por tres dólares a un tercer nivel de la estructura, integrado por personas encargadas de introducir el dinero falso en comercios y negocios de distintas localidades del país.
La investigación fiscal determinó que los integrantes de la red utilizaban una modalidad destinada a obtener dinero auténtico a partir de los billetes falsificados.
Según las pesquisas, los cambiadores recibían los billetes falsos y acudían a tiendas, comercios y establecimientos para realizar compras de bajo valor. Tras adquirir productos, obtenían el vuelto en dinero legítimo.
En algunos casos, las personas involucradas debían entregar posteriormente los productos comprados y el dinero recibido como cambio a los distribuidores, quienes les otorgaban una comisión por cada operación realizada.
La Fiscalía señaló que José Efraín Ramos coordinaba parte de estas acciones y distribuía los billetes entre varias personas encargadas de realizar las transacciones fraudulentas.
El caso comenzó a ser investigado en enero de 2024 luego de que las autoridades detectaran la circulación de dinero falso en el distrito de Berlín, municipio de Usulután Norte.
Las diligencias arrancaron tras la captura de una persona que utilizó un billete falsificado para realizar una compra en una tienda de la localidad.
A partir de ese hecho, la Fiscalía y los cuerpos de seguridad desarrollaron una investigación que permitió identificar la estructura completa, establecer sus niveles de funcionamiento y vincular a decenas de personas con la fabricación y distribución del dinero falso.
Entre quienes recibieron penas de 26 años y cuatro meses de prisión figuran María Cecilia López, Mario Ernesto Avelar López, Edwin Omar Rivas, Julio César Brizuela Ortiz, José Efraín Ramos, Reina Elizabeth Márquez Juárez y Yoana Elizabeth Arévalo Herrera, entre otros implicados con roles de coordinación y distribución dentro de la organización.
Asimismo, el tribunal impuso condenas de 24 años y cuatro meses de cárcel a otros miembros de la estructura que participaban en la circulación de los billetes falsificados en diferentes puntos del territorio nacional.
Con esta resolución, la Fiscalía aseguró haber desarticulado una de las estructuras dedicadas a la falsificación de moneda que operaban en el país, una actividad que afecta tanto a comerciantes como a consumidores y que constituye un delito grave contra el sistema económico.
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