La difusión no consentida de imágenes íntimas, la extorsión digital y el hostigamiento son formas de violencia que sufren las mujeres en un mundo donde va en aumento el uso de la tecnología
La difusión no consentida de imágenes íntimas, la extorsión digital y el hostigamiento son formas de violencia que sufren las mujeres en un mundo donde va en aumento el uso de la tecnología

Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala el aumento de la violencia digital contra las mujeres en los países de la región, incluido El Salvador.
El documento denominado “Acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe”, fue lanzado en el marco del Día Internacional de la Mujer e incluye la preocupación del aumento de la población femenina en cárceles y la falta de garantías para la prevención de feminicidios.
La directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Bibiana Aido, expuso que en la región una de cada tres mujeres son víctimas de violencia digital y que el 40% con voz pública se autocensura para evitar nuevos ataques.
Los organismos reconocieron que un ámbito que presenta desafíos crecientes es el de la violencia digital, con prácticas como el acoso en línea, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la extorsión digital y el hostigamiento con base en estereotipos de género.
Este tipo de agresiones se intensifica por el uso malicioso de tecnologías, la débil regulación de plataformas y la presencia de discursos misóginos en entornos digitales.
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El informe lamentó que aunque se trata de una modalidad en expansión, los marcos jurídicos de fondo y procesales aún no garantizan una respuesta eficaz y muchas víctimas encuentran obstáculos para denunciar, identificar a los agresores y obtener reparación.
“De allí que resulte prioritario que se reconozca a la violencia digital como una forma de violencia de género, se mejoren las capacidades de investigación digital y se desarrollen mecanismos adecuados de protección y reparación para las víctimas y sobrevivientes”, indica el informe.
La directora ejecutiva de ONU-Mujeres, Sima Bahous, señaló con motivo del Día Internacional de la Mujer que dicho sector nunca había estado tan cerca de alcanzar la igualdad de género y, al mismo tiempo, tan cerca de perderla a pesar de que existen leyes más sólidas hacia la violencia contra las mujeres en los hogares y que más niñas están en la escuela.
“Sin embargo, este también es un momento de contradicción. La violencia está aumentando, incluso en línea. La reacción adversa está organizada y bien financiada. Los derechos se están revirtiendo en tiempo real y a una velocidad sin precedentes. La impunidad se está extendiendo, en los hogares, en internet y en los conflictos”, dijo.

El informe también expone que durante las últimas dos décadas el número de mujeres en prisión ha crecido de forma sostenida y desproporcionada en comparación con la población general.
Entre el año 2000 y mediados de 2022, el porcentaje de mujeres encarceladas aumentó aproximadamente un 60%, mientras que la población penitenciaria total se incrementó en un 30%.
En la región de las Américas dicho crecimiento fue todavía más pronunciado debido a que las mujeres reclusas aumentó un 56.1%, frente a un incremento del 24.5 % en la población total.
Las mujeres representan en la actualidad cerca del 8% de las personas privadas de libertad en la región, con una tasa de 30 por cada 100,000 habitantes, la más alta del mundo.
“Este fenómeno se observa especialmente en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, países en los que la población carcelaria femenina se ha duplicado o triplicado en los últimos años”, indicó el informe.
Y agregó que el uso desproporcionado y automático de la prisión preventiva contra mujeres constituye una de las principales causas del incremento de la población penitenciaria femenina y una grave restricción al acceso a la justicia.
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Las tasas de aplicación de esta medida en varios países de América Latina son superiores entre las mujeres en relación con las de los hombres, aun cuando la mayoría de los delitos que se les imputan no son violentos.
“Este fenómeno se explica por varios factores interrelacionados. Por un lado, muchos operadores judiciales aplican la prisión preventiva de manera automática, sin analizar sus requisitos específicos de procedencia —riesgo de fuga u obstaculización de la investigación— aun cuando la legislación nacional no establece su carácter obligatorio. A la vez, la falta de capacitación judicial en perspectiva de género perpetúa prácticas discriminatorias y refuerza estereotipos sobre la maternidad o el ‘peligro moral’ de las mujeres en conflicto con la ley”, señaló otra parte del informe.
Las mujeres encarceladas comparten rasgos estructurales como que la mayoría proviene de contextos de pobreza, exclusión y violencia y muchas son jefas de hogar o cuidadoras principales de menores de edad.
“La incorporación de la perspectiva de género en la regulación y aplicación de medidas alternativas a la prisión continúa siendo limitada. Si bien varios Estados han adoptado normas que priorizan alternativas para mujeres embarazadas, madres o cuidadoras, su aplicación efectiva se ve obstaculizada por criterios judiciales restrictivos y moralizantes”, reza el documento de 70 páginas.
We've never been closer to gender equality — and never closer to losing those hard-won gains.
— Sima Bahous (@unwomenchief) March 8, 2026
This #IWD2026, we must turn this moment into action: defend rights, strengthen justice, and stand with women everywhere.
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