La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de reformar la Ley General de Electricidad con el fin de garantizar que la factura refleje los costos reales en relación a su producción, ya que estos pueden variar si son producidos con petróleo, búnker, o si es de origen solar o por otra vía.

Según el comunicado oficial de la comisión, «las enmiendas contemplan la incorporación de un marco normativo más claro para la generación distribuida, es decir, la energía producida por pequeños generadores conectados a redes de distribución, como la energía solar».

El director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, explicó a los parlamentarios que las reformas buscan corregir vacíos regulatorios en esta modalidad, especialmente en la definición de precios, ya que hasta ahora estos se han establecido mediante contratos bilaterales entre generadores y distribuidoras.

El funcionario señaló que la generación distribuida ha registrado un crecimiento sostenido sin una regulación integral, alcanzando los 553 megavatios instalados en el país, lo que evidencia la necesidad de establecer reglas claras para su desarrollo, según su análisis.

Según el documento público en el portal de la Asamblea Legislativa, la propuesta de modificaciones contempla la creación de un mercado minorista de energía que permitirá regular las transacciones en las redes de distribución y complementar el mercado mayorista.

También se establecerá una medición comercial regulada, la cual debería permitir conocer con precisión cuánto se genera, cuánto se inyecta a la red y cómo ese costo puede trasladarse a la tarifa eléctrica.

Álvarez dijo que los precios de la generación distribuida se calculan tomando como referencia el costo de generación con búnker o diésel, el cual puede ser hasta el doble, trasladando ese valor a proyectos que en realidad tienen costos más bajos.

“Generar con diésel puede costar alrededor de $100 por megavatio, mientras que con energía solar puede costar cerca de $50. Si se utiliza más energía solar y menos combustible, el costo total disminuye y eso se reflejará en la factura de los usuarios”, afirmó Álvarez.

Según el documento, las reformas buscarán responder a la necesidad de reducir la dependencia de hidrocarburos en la generación eléctrica, y promover, a la vez, alternativas como la energía solar.

Otras disposiciones

La iniciativa también busca incorporar nuevas disposiciones para fortalecer el control del sistema eléctrico. Según el documento, estas tienen que ver con: 1. Regulación de los procesos de interconexión y acceso a la red. 2. Seguimiento y trazabilidad de proyectos, ante el creciente interés de inversionistas en energías renovables. 3. Estudios técnicos obligatorios para garantizar que la red tenga capacidad de integrar nuevos proyectos. 4. Monitoreo y control en tiempo real de las plantas de generación distribuida y 5. Integración de tecnologías como sistemas de almacenamiento de energía.

Por otra parte, las reformas que se propondrán a la Asamblea Legislativa también irán encaminadas, según lo desprendido de la Comisión, para reforzar el rol de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, ya que será la responsable de autorizar interconexiones, definir cargos asociados y realizar estudios para determinar la capacidad máxima de integración de generación distribuida en el sistema.

Por último, de aprobarse en plenaria, se establecerán nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras, entre ellas, el reporte periódico sobre procesos de interconexión, y la facilitación de datos técnicos para la planificación del sistema eléctrico.

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