Miembros del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) presentaron este miércoles su balance de coyuntura nacional en temas económico, social y político.

En el contexto político mencionaron la reforma constitucional del año pasado que permite la reelección presidencial. Además de la continuidad del régimen de excepción y la captura, “persecución y criminalización de dirigentes sociales y populares”.

Según el BRP, en El Salvador “se ha profundizado” un modelo autoritario y antipopular, destacaron las restricciones hacia la organización social y la falta de liderazgo político.

“La crisis de la oposición partidaria tradicional, carente de liderazgo y estrategia, ha contribuido a la parálisis política dejando a amplios sectores sin una referencia clara”, dice el pronunciamiento.

Cabe señalar que 2026 es un año preelectoral en el que los partidos políticos deben seleccionar sus apuestas de cara a los comicios generales de 2027.

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“No creemos que haya un referente político que pueda acumular el descontento que, sin lugar a dudas, está sintiendo la población salvadoreña a partir de las medidas antipopulares y represivas del gobierno. Creemos que las elecciones el resultado ya está dado, solo falta que pasen las elecciones”, dijo Marisela Ramírez, representante del BRP.

Comentó que desde el proceso electoral anterior se cambió el sistema político electoral para dar ventaja al oficialismo, el cual tiene, además, el control del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Asamblea Legislativa para las reforma que necesite, como ocurrió el año pasado.

“Las encuestas, más allá de lo que podamos percibir, apuntan a que ningún partido tradicional, hoy por hoy, representa una alternativa para el pueblo”, expuso Ramírez.

No obstante, destacan que en 2025 también surgieron nuevas articulaciones desde los territorios y que la organización debe potenciarse para el desarrollo social.

“Desde la base organizada, desde el pueblo mismo, empezar a construir una alternativa que nos permita avanzar a propuestas e intereses que respondan realmente al pueblo salvadoreño… Estamos en un momento de determinante de escuchar al pueblo”, agregó.

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También denunciaron el despido de trabajadores del sector público, “incrementando el desempleo y la precarización”; además del aumento del costo de la vida, en contradicción a las exenciones de impuestos para grandes capitales aprobadas en diferentes leyes. Por lo que consideran “engañoso” el discurso del crecimiento económico.

Dicho crecimiento se concentró en sectores como construcción, finanzas y transporte en 2025.

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“Mientras la producción agropecuaria, la industria nacional y la económica popular siguieron el deterioro. A estos se suma el incremento de la deuda pública, que ya supera los $34,000 millones, hipotecando el futuro del país”, dice el comunicado.

De acuerdo a sus cálculos, 72 centros educativos fueron cerrados, se cerraron unidades de salud y se debilitó la red hospitalaria.

Vicente Cuchillas, del Movimiento universitario de pensamiento crítico, dijo que el cierre de centros educativo ocurre más en la zona rural y que no se invierte en la calidad de la educación.

Y expuso que la reserva de información pública de las instancias del Estado también afecta a la investigación académica.

“La información, el tenerla en esa condición de secretismo lo que le niega es el derecho a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores, a nuestros académicos es tener acceso a una información del ámbito estatal para hacer bien su trabajo en cuanto a la investigación, la formación y la proyección social”.

Además de que la Universidad de El Salvador sigue sin recibir el presupuesto necesario.