Asamblea prorroga régimen de excepción: estos derechos siguen suspendidos
La medida continuará vigente por otros 30 días. La prórroga mantiene suspendidas garantías relacionadas con la información sobre la detención, la asistencia de un defensor y el plazo ordinario de 72 horas para presentar a un detenido ante un juez
Los diputados de la Asamblea Legislativa votaron a favor de que continúe el régimen de excepción. | Foto EDH/Cortesía Asamblea Legislativa.
La Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción, con lo que la medida continuará vigente durante otros 30 días en El Salvador.
El régimen, instaurado en marzo de 2022 tras una escalada de homicidios, se ha extendido de manera consecutiva desde entonces. La propia Asamblea ha registrado las sucesivas ampliaciones de la medida, que inicialmente fue presentada como una herramienta temporal para combatir a las estructuras de pandillas.
Con esta nueva extensión, permanecen suspendidas determinadas garantías constitucionales relacionadas principalmente con los procedimientos de captura y detención de personas.
¿Qué derechos siguen suspendidos?
La prórroga mantiene la suspensión de garantías establecidas en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República, según el esquema utilizado en las anteriores extensiones del régimen.
Derecho a conocer las razones de la detención y contar con defensor
El artículo 12 de la Constitución establece que una persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible sobre sus derechos y sobre las razones de su detención.
También contempla el derecho a contar con la asistencia de un defensor durante las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y los procesos judiciales.
Esta garantía continúa suspendida dentro del régimen de excepción.
El plazo de 72 horas para ser presentado ante un juez
El artículo 13 inciso segundo establece el plazo ordinario para que una persona detenida sea consignada ante la autoridad judicial.
La suspensión de esta garantía permite que las autoridades mantengan detenidas a las personas durante un periodo mayor al establecido ordinariamente por la Constitución antes de ponerlas a disposición judicial.
Esta ha sido una de las principales modificaciones al procedimiento de detención durante el régimen de excepción.
La medida también mantiene suspendida la garantía contemplada en el artículo 24 de la Constitución, relacionada con la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones.
En condiciones ordinarias, la Constitución protege la privacidad de las comunicaciones de las personas. El régimen de excepción permite establecer restricciones a esta garantía bajo las condiciones previstas por la normativa excepcional.
Una medida que supera los cuatro años
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, después de que el país registrara una ola de homicidios que dejó más de 80 asesinatos durante un fin de semana.
Aunque originalmente se planteó como una medida temporal, las prórrogas mensuales han permitido mantenerla vigente durante más de cuatro años.
La Asamblea ha defendido las sucesivas extensiones como una herramienta necesaria para mantener los resultados obtenidos en materia de seguridad. En marzo de 2026, por ejemplo, el Legislativo aprobó la prórroga número 49 de la medida.
Las críticas por la suspensión de garantías
La prolongación del régimen también ha sido cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la suspensión de derechos debe ser excepcional y estar limitada a las exigencias de la situación que la originó. En informes anteriores sobre El Salvador, el organismo ha cuestionado que se mantengan suspendidas garantías pese a la reducción de los índices de violencia reportados por el propio Estado.
La CIDH también ha expresado preocupación por las consecuencias que la suspensión de garantías judiciales puede tener sobre el debido proceso y el derecho de defensa.
En su informe sobre el estado de excepción en El Salvador, la Comisión señaló la existencia de preocupaciones relacionadas con detenciones arbitrarias, limitaciones al ejercicio de la defensa y otras garantías judiciales.
Pese a estos cuestionamientos, la Asamblea Legislativa continúa prorrogando la medida, mientras el gobierno sostiene que el régimen ha sido determinante para mantener los niveles de seguridad alcanzados en el país.
