Fotografía ilustrativa sobre la tarifa de la energía eléctrica.
Foto EDH/Foto EDH/Archivo.
Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley General de Electricidad orientadas a reducir el costo de la energía para los usuarios y establecer reglas más claras para la generación distribuida en el país.
Los cambios introducen un marco normativo más preciso para esta modalidad, que consiste en la producción de energía a pequeña escala —como la solar— conectada directamente a las redes de distribución. La apuesta es ordenar su expansión y cerrar vacíos regulatorios, especialmente en la fijación de precios, que hasta ahora se ha definido mediante acuerdos bilaterales entre generadores y distribuidoras.
Durante el estudio de la iniciativa en la Comisión de Tecnología, el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, señaló que esta modalidad ha mantenido un crecimiento sostenido en El Salvador, alcanzando los 553 megavatios instalados, lo que evidencia la necesidad de reglas claras que acompañen su desarrollo.
Uno de los ejes de la reforma es la creación de un mercado minorista de energía, que permitirá regular las transacciones dentro de las redes de distribución y complementar el esquema mayorista. A esto se suma la implementación de una medición comercial regulada, con la que se busca precisar cuánta energía se genera, se inyecta a la red y cómo incide en la tarifa eléctrica.
Actualmente, los precios en este segmento se calculan con base en la generación a partir de combustibles como búnker o diésel, cuyos costos pueden duplicar los de fuentes renovables. En contraste, tecnologías como la solar ofrecen costos significativamente menores, lo que abre la puerta a una reducción en la factura eléctrica de los usuarios.
Las reformas también apuntan a disminuir la dependencia de hidrocarburos en la matriz energética, al incentivar el uso de fuentes limpias y sostenibles.
Mayor control y supervisión
Las enmiendas incorporan nuevas disposiciones para fortalecer el control técnico y operativo del sistema eléctrico. Entre ellas, la regulación de los procesos de interconexión, el seguimiento a proyectos ante el creciente interés de inversionistas y la obligatoriedad de estudios para garantizar la capacidad de la red.
Asimismo, se establecen mecanismos de monitoreo en tiempo real de las plantas de generación distribuida y se promueve la incorporación de tecnologías como sistemas de almacenamiento de energía.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas amplía sus atribuciones y será la encargada de autorizar interconexiones, definir cargos asociados y evaluar la capacidad del sistema para integrar nuevos proyectos.
Por su parte, las empresas distribuidoras deberán cumplir nuevas obligaciones, entre ellas reportar información periódica sobre los procesos de interconexión y proporcionar datos técnicos clave para la planificación del sistema eléctrico nacional.
