En 2025 familiares y organizaciones se reunieron para honrar a los desaparecidos durante la guerra civil salvadoreña y denunciar que bajo el régimen la incertidumbre y el dolor se repiten en el presente.
Foto EDH/ Francisco Rubio
Amnistía Internacional presentó este lunes su nuevo informe «Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas», en el cual advierte un debilitamiento de las organizaciones sociales en la región.
Indica que entre 2024 y 2025, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela aprobaron o reformaron marcos normativos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), afectando directamente su capacidad para apoyar y acompañar comunidades, defender derechos humanos, operar y acceder a recursos.
El informe detalla diez patrones regionales identificados. El primero es sobre «narrativas estigmatizantes» como antesala a la legislación, pues la aprobación de estas leyes fue acompañada por discursos oficiales que describieron a las organizaciones como actores «sospechosos», «enemigos internos», «antipatrias» o «interferencias extranjeras», entre otros.
Otro patrón es la ausencia de justificación legítima y falta de participación en el proceso de discusión.
«Aunque se presentaron como herramientas de transparencia, regulación o protección de la seguridad nacional, no garantizan tales fines y, en cambio, imponen controles y restricciones desproporcionados que obstaculizan la labor de las organizaciones de la sociedad civil», detalla el informe.
Otros patrones encontrados en todos los países fueron: disposiciones vagas y ambiguas que habilitan arbitrariedades; registros obligatorios convertidos en sistemas de autorización previa, requisitos y cargas administrativas exorbitantes; control directo e indirecto del financiamiento, riesgos a la privacidad y seguridad; sanciones desproporcionadas e incompatibles con el derecho internacional, disolución, suspensión e inhabilitación de organizaciones; y criminalización de integrantes y personas defensoras.
«Más allá de sus justificaciones formales, se trata de herramientas destinadas a controlar indebidamente la sociedad civil, silenciar la crítica, reducir la capacidad de la ciudadanía para supervisar las actuaciones de las autoridades, erosionar la rendición de cuentas y consolidar prácticas autoritarias en la región», es una de las conclusiones de AI.
En el caso de El Salvador, analizó la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el 23 de mayo de 2025, que establece el impuesto del 30 % a las transacciones que reciban del extranjero las organizaciones no gubernamentales (ONG).
La ley no deja claro si se mantiene el impuesto del 10% a las donaciones y, además, las ONG también pagan el Impuesto sobre la Renta y el IVA. «Esta situación, sumada al riesgo de criminalización y al contexto represivo, ya ha tenido como consecuencia el traslado de organizaciones a otros países», menciona AI.
Además de establecer multas de hasta $250,000 y la cancelación de la personería jurídica.
«Lo que estamos viendo es un preocupante patrón regional. Las llamadas ‘leyes anti-ONG’ reflejan el avance de prácticas autoritarias que buscan silenciar las voces críticas y consolidar el poder a cualquier costo», afirmó Ana Piquer, Directora para las Américas de AI.
Instan a los países a derogar o modificar las leyes que vulneran la libertad de asociación, a cesar los discursos estigmatizantes contra ONG y personas defensoras y garantizar que cualquier regulación de las OSC cumpla con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
