Unos 550 casos de trabajadores despedidos del sector público han sido denunciados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de las Naciones Unidas. La cantidad de despidos corresponde al periodo de 2023 a 2025.

De acuerdo al Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), el organismo contiene en el expediente Caso El Salvador el registro de las denuncias interpuestas por todas las organizaciones salvadoreñas por los despidos que consideran fueron “injustificados” durante ese periodo.

“Hay una resolución inicial que le dice al Gobierno salvadoreño que lamenta su actuar y que le pide investigar a la brevedad posible para saber qué está pasando”, asegura la secretaria general del MDCT, Silvia Viñerta.

La líder sindical agregó que “el gobierno de El Salvador no ha respondido, ese silencio se debe a que no hay un fundamento legal que valide todo este actuar. Esperamos que la OIT envíe una comisión para interrogar a las partes involucradas”. 

Por su parte, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) instó a los trabajadores a agotar las instancias locales para luego recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a interponer sus demandas. “Le insistimos a los jueces y magistrados que actúen en apego a la Ley”, exhortó el vocero del Movimiento, Héctor Rodríguez.

Los sindicatos afirmaron que acudieron con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, pero que no obtuvieron una respuesta favorable a sus peticiones.

Más despidos

Los diferentes sindicatos que conforman el movimiento también advierten que en 2026 “los despidos van a continuar”. Con base a los documentos de presupuestos aprobados para diferentes instancias del Gobierno, el MTD calcula que unos 2,800 trabajadores podrían ser cesados en el transcurso de este año. El ramo que proyecta más despidos sería el de Seguridad y Justicia.

Sin embargo, no especificaron si estos despidos afectarán áreas de atención para la ciudadanía.

Para las organizaciones, la cantidad de despidos no solo afecta al trabajador sino también al grupo familiar de la persona cesada; genera sobrecarga laboral para el personal que continúa en las instituciones y en el caso del sector salud, “una precaria atención de los pacientes”.