Un grupo de afectados por el desfalco millonario en la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI) preparan una demanda internacional que interpondrán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

Así lo confirmó Juan José Ortiz, uno de los voceros de los afectados, quien aseguró que el grupo de afectados ya agotó todas las instancias nacionales para resolver la situación de sus ahorros. Ayer se concentraron nuevamente frente a las instalaciones de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para pedir una mesa de diálogo con las autoridades.

“Estamos preparando las condiciones para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prácticamente hemos agotado las instancias judiciales, y por eso, en son de broma digo que no va a ser camionada, va a ser avionada de funcionarios los  que van a ir en esa demanda internacional”, afirmó Ortiz. 

Añadió que los derechos que les han sido vulnerados son: derechos económicos, patrimoniales, a la vida, a la salud y el de una vejez digna. 

“Estamos construyendo la demanda internacional contra el gobierno de El Salvador y sería muy lamentable que nuevamente el gobierno vuelva a aparecer ante un organismo internacional por graves violaciones a derechos humanos”, indicó el vocero de los afectados. 

“En el futuro habrán responsabilidades civiles, penales y patrimoniales para todos aquellos funcionarios que nos han dado la espalda, que nos han rechazado: diputados, jueces de la Corte Suprema, funcionarios de gobierno, ahí los vamos anotando a todos. Ya llevamos dos años y no hemos podido recuperar nuestros ahorros”, añadió.

Ayer se cumplieron dos años desde que COSAVI fue intervenida por las autoridades y desde que empezaron a restringir el retiro de dinero de sus ahorrantes a $1,800 semanales. 

Luego, en mayo de 2024, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) dieron a conocer el fraude financiero de 35 millones de dólares de los ahorrantes de la cooperativa e informaron que 32 personas están involucradas y procesadas por este caso.

“Es realmente penoso que a dos años, la Fiscalía, la Superintendencia, el Juzgado Especializado contra el Crimen Organizado no nos den una respuesta”, cuestionó Ortiz. 

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20 muertes vinculadas

El grupo de afectados también anunció que el número de personas fallecidas vinculadas al caso Cosavi ascendió a 11. Además, suman a las nueve personas que perdieron la vida en el accidente aéreo en septiembre de 2024.  

“Ya llevamos  11 muertos en dos años, más los nueve fallecidos del helicóptero, ya son 20 personas que va a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo fallecieron? ¿Por qué han fallecido?. Lamentablemente en dos años ya son 20 personas directa o indirectamente que nos abandonaron de esta vida por la negligencia del gobierno de no querer escucharnos”, cuestionó Ortiz.  

El caso más reciente es el de Concepción Miranda de 89 años, quien murió el 13 de febrero pasado. Su hija, María Eva Miranda, comentó que la situación de salud de su madre empeoró al darse cuenta que uno de sus hijos “perdió un ahorro” en la cooperativa. 

“Ella (mi madre) muy triste al ver la cantidad que perdió su hijo, él tiene 26 años de estar allá (en Estados Unidos) y eran los ahorros de toda la vida, él confió en mí y yo confié en la cooperativa y nos topamos con esto. Lo mío (el ahorro) llega casi a $800,000, de eso no me han reintegrado nada”, contó María Miranda. 

Además, denunciaron que llevan más de cuatro meses desde el último anuncio que dio la SSF sobre la capa de devolución de dinero. 

La primera capa fue habilitada el 14 de mayo de 2024 para ahorrantes con cuentas hasta $1,000 y luego se abrió la segunda para montos inferiores o iguales a los $2,000 a partir del 17 de mayo; la siguiente fue habilitada el 28 de mayo, por $3,000.

El 31 de octubre de 2025, la titular de la Superintendencia, Evelyn Gracias, anunció el decimoctavo techo autorizado desde mayo de 2024. La última capa habilitada fue por $70,000.

Desde esa fecha, las autoridades no han anunciado otro techo autorizado.