Afectados de la Cooperativa Santa Victoria de R.L. presentaron una demanda contra el Estado de El Salvador y sus instituciones por violar los derechos humanos al no brindarles «pronta y cumplida justicia» ni atender sus requerimientos para esclarecer el fraude que sufrió esa entidad.

El representante de los afectados, Juan José Ortiz, declaró a eldiariodehoy.com la demanda fue presentada el 8 de septiembre y es contra el Estado, es decir, que engloba no sólo a las instituciones que vigilan el sistema financiero, sino también al Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa, al poder judicial por rechazar 104 demandas y la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras por no cumplir su papel fiscalizador y preventivo.

Ortiz explicó que se ha violado el derecho a la vida, dado que 15 afectados del fraude que han fallecido y a otros afectados se les ha negado el derecho a tener una vejez digna. Sin embargo, a su juicio, el caso se ha estancado y no ha habido respuesta satisfactoria para los perjudicados.

El representante agregó que ahora viene un periodo de trámites de cuatro meses en el que la CIDH, que es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), conocerá las posiciones de las partes y decidirá si acepta seguir el proceso para determinar si hubo violaciones a los derechos fundamentales. «La CIDH determinará la responsabilidad», afirmó.

Por el fraude hay 58 detenidos por acusárseles de la participar en el fraude de $35 millones de dólares.

 La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) anunció la devolución de fondos hasta por 150,000 dólares a los afectados que, sin embargo, se quejan de que no les están pagando los intereses respectivos.