Por acusaciones de estafa agravada e incumplimiento de deberes, un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecerá detenido mientras la investigación en su contra es ampliada.

Fue el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana el que decretó que Walter Danilo L. S., cuya detención trascendió el pasado 22 de enero y no fue reportada oficialmente ni por la PNC ni por la Fiscalía, siga bajo arresto.

De acuerdo a la acusación fiscal citada en el reporte de la audiencia inicial, la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la Fiscalía General de la República (FGR) alertó a los superiores del Departamento de Investigaciones de la PNC que el investigador había sido denunciado verbalmente por supuestas “solicitudes indebidas de dinero”.

Las indagaciones sobre el accionar del policía incluyeron el caso de una víctima que había denunciado un delito contra un inmueble de su propiedad. A principios de 2023, la PNC le informó que su caso estaría a cargo del ahora procesado.

Según el reporte judicial, el investigador policial sostuvo unas seis reuniones con la persona afectada. En uno de esos encuentros en el que la víctima consultó sobre los avances en el caso, el policía le habría dicho que ya había una resolución a su favor, una orden de desalojo que lo beneficiaría, pero que debía pagar $400 para la “compra de postes con los que se cercaría el terreno”.

La víctima le entregó $200 pues no traía consigo el resto del dinero requerido. Un familiar de la persona afectada estaba presente al momento de entregarle el dinero al policía y ahora actúa con testigo protegido en el proceso.

El investigador insistió a la victima en que no comentara nada sobre el dinero que recibiría. Le dijo que no era un cobro, sino que esto sería destinado a la supuesta compra de los postes.

Durante todo 2024, el investigador le pidió al afectado que le entregara los $200 restantes, sin que él diera mayores detalles sobre los supuestos avances del caso.

Al no saber de tales avances, acudió a la oficinal fiscal de Santa Ana en donde el fiscal asignado le reveló que no había ninguna resolución judicial sobre su caso y que, en realidad, no había avances significativos.

El fiscal, al saber que la víctima había dado dinero, pidió no emitir reclamos pues se iniciaría una investigación formal en contra del policía que derivó en su captura.