El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) presentó este martes una nueva demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo de cuestionar nuevamente la vigencia del régimen de excepción. 

Esta es la segunda acción legal que el colectivo interpone en menos de tres meses.

Samuel Rodríguez, integrante de MOVIR, explicó que la primera demanda fue presentada el 16 de agosto (que sigue en análisis según MOVIR), pero sostuvo que los constantes cambios y ampliaciones del régimen obligan a interponer nuevos recursos. 

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“Cada mes es un nuevo régimen y lo que presentamos en agosto, en septiembre quedó sin efecto. Ahora venimos a poner este recurso al régimen de noviembre y así vamos a ir, a ver quién se cansa primero”, afirmó.

Rodríguez señaló que el régimen de excepción ha perdido el objetivo por el cual fue aprobado inicialmente. Aseguró que ya no se limita al combate de pandillas, sino que afecta a toda la población. 

“Aquí capturan a cualquier persona sin el debido proceso, sin investigarlo, sin cometer delito, lo meten a la cárcel y el sistema judicial no funciona porque el régimen no lo permite”, dijo.

El integrante de MOVIR denunció que hay personas detenidas desde hace tres años sin que se les compruebe delito alguno, pero tampoco son liberadas pese a su inocencia. Aseguró que los fallecimientos bajo custodia estatal continúan y responsabilizó al régimen de estas muertes. 

“La gente se está muriendo en las cárceles bajo la responsabilidad del régimen, por eso creemos que el régimen ya no es necesario”, sostuvo.

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También señaló condiciones graves en centros penitenciarios y hospitales donde son trasladados privados de libertad. 

“Hay mucha gente que sale de Izalco con insuficiencia renal, con la mandíbula destruida, queremos saber la verdad. En el Hospital Mazzini se ven privados de libertad en agonía, encadenados. Los que llevan al Mazzini son personas que no tienen tatuajes ni vínculos con pandillas”, expuso. 

Subrayó además que MOVIR “no defiende pandilleros, aboga por los que son inocentes”.

Rodríguez mencionó el caso de Jessica Solís, ocurrido en el Centro Histórico de San Salvador, como un ejemplo del impacto del régimen más allá de la seguridad pública. Aseguró que el ambiente militarizado en espacios públicos representa una amenaza para la ciudadanía. 

MOVIR adelantó que continuará recurriendo a la vía constitucional para exigir que se garantice el debido proceso y se esclarezcan los abusos que dicen documentar bajo el régimen de excepción.

Organismos internacionales como la Fundación para el Debido Proceso han documentado que en casos de máxima gravedad, como desapariciones forzadas, mujeres en estado de gestación o madres de niños lactantes, en lugar de brindar una protección urgente, la Sala respondió solicitando a los demandantes una cantidad innecesaria e irrazonable de aclaraciones.

Ejemplo de lo anterior fue pedirles que demuestren haber denunciado los hechos ante ciertas autoridades–, “trasladándoles así responsabilidades que les corresponden a los funcionarios estatales e imponiéndoles cargas muy difíciles de cumplir en plazos cortos, lo que condujo al rechazo de sus pedidos de protección”.