La mañana del 15 de agosto, un grupo de personas, en su mayoría mujeres, se reunió en el redondel José Martí en San Salvador como lo hicieron por primera vez hace tres años. Desde entonces, este grupo de personas ha salido a las calles a exigir la liberación de sus familiares que fueron detenidos, según ellos, arbitrariamente.

Gracias al Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), la población nacional e internacional conoció de las múltiples violaciones a derechos humanos que han ocurrido en el país, ya que no sólo denuncian las detenciones, sino también las muertes dentro de los distintos penales que, hasta el momento, se cuentan en 434 según Socorro Jurídico Humanitario, otra organización que se ha dedicado a documentar y denunciar estos hechos; además de brindar apoyo a las víctimas con sus procesos legales y atención psicológica.

«No he podido dormir desde que supe del decreto», comentó María Lidia, quien lleva tres años marchando junto con el Movimiento para pedir la liberación de su hijo, César Aguilar, quien fue detenido el 7 de abril del 2022.

María Lidia se refiere a la reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado que aprobó ayer mismo la bancada de Nuevas Ideas que permite extender hasta tres años la presentación de acusaciones contra detenidos en el régimen de excepción en juicios masivos.

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Según la abogada Jayme Magaña, la reforma aprobada, cambia el objetivo de la Ley Contra el Crimen Organizado, donde se iniciarán procesos legales a los detenidos bajo el régimen de excepción sin contar con una audiencia de imposición de medidas. «Inmediatamente que una persona sea detenida, solo bastará que un fiscal presente el requerimiento para iniciar la detención y la investigación, la cual originalmente era de 24 meses, pero con la actual reforma serán 36 meses, es decir, tres años para que investiguen a una persona, más dos años que va a durar la audiencia», explicó la abogada.  

Estas personas van a ser juzgadas en audiencias masivas, donde habrá personas pertenecientes a pandillas y una gran mayoría que no.»En ese momento las personas tienen dos años para que el juez pueda pausar la audiencia y al finalizar establecer si fueron inocentes o culpables», dijo. 

«La gran pregunta acá es: Hay 88 mil personas detenidas. ¿Dónde están esas investigaciones?, ¿Qué ha hecho la fiscalía en estos tres años?. En resumen, si una persona lleva tres años detenida, va a estar ocho años en prisión preventiva. ¿Quién la va a devolver ese tiempo?», agregó la abogada. 

La marcha salió del redondel José Martí, se detuvo unos minutos frente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde salieron dos trabajadores de la institución a tomar fotos y contar la cantidad de personas que marchaban.

Se avanzó caminando lentamente bajo el fuerte sol; bocinas de vehículos que demostraron su descontento con el cierre de la calle e incluso algunos conductores que aceleraban sus autos para atravesar el grupo de personas, a pesar de que estas, en su mayoría, son de la tercera edad.

Llegaron hasta la fachada de la Asamblea Legislativa para pedir que no se aprobara la reforma que les impedirá ver o tener información sobre sus parientes por varios años; pero la concentración fue recibida por agentes de la Policía Nacional Civil y la UMO. Una hora después de su llegada, fue aprobada la reforma. 

Esto no solo les afecta psicológicamente, ya que la mayoría de los miembros de MOVIR han denunciado en múltiples ocasiones la falta de información sobre sus seres queridos, de quienes no saben cómo se encuentran de salud o si siguen con vida. Además de esto, la carga económica de tener que movilizarse cada mes a los distintos penales del país para entregar paquetes que tienen un valor aproximado de $200, lo cual para muchos, es un costo elevado, ya que no cuentan con un salario fijo y no alcanzan a cubrir sus gastos.

La marcha finalizó frente al portón de la Corte Suprema de Justicia, donde tres representantes de MOVIR entregaron una pieza de inconstitucionalidad del régimen de excepción por ser una herramienta que permite al gobierno las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y la criminalización a la organización social. Esta fue respaldada por la firma de 100 personas con la esperanza de ser escuchados y así poder volver a ver a sus seres queridos.