El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra jueces y magistrados antes de que el miércoles la Suprema Corte celebre una vista oral para examinar el decreto de la Casa Blanca que limita la adquisición de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un derecho histórico en el país.

«El mundo se está enriqueciendo vendiendo ciudadanías a nuestro país, mientras que, al mismo tiempo, se ríe de lo ESTÚPIDO que se ha vuelto nuestro sistema judicial estadounidense (¡ARANCELES!)». «¡Los jueces y magistrados ineptos no hacen grande a un país!»», escribió en su red Truth Social.

«La ciudadanía por derecho de nacimiento no trata sobre las personas adineradas de China —y del resto del mundo— que desean que sus hijos —y cientos de miles más— se conviertan, MEDIANTE PAGO, en ciudadanos de Estados Unidos de una manera absurda. ¡Se trata de los HIJOS DE ESCLAVOS!», añadió.

Los jueces de la Suprema Corte tienen que resolver si es constitucional o no el decreto que Trump firmó el primer día de su regreso al cargo, en enero de 2025, que pondría fin a la ciudadanía automática para las personas nacidas en Estados Unidos de padres indocumentados o con estatus legal temporal en el país.

El concepto de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la Decimocuarta Enmienda a la Constitución y está vinculado a la esencia misma de la identidad de Estados Unidos como país de acogida.

La Decimocuarta Enmienda fue ratificada tras la Guerra Civil para garantizar que los antiguos esclavos y sus hijos pudieran obtener la ciudadanía.

Si los jueces avalaran el decreto de Trump romperían con más de 150 años de jurisprudencia defendiendo el derecho a adquirir la nacionalidad estadounidense por el hecho de nacer en Estados Unidos.

La resolución definitiva del Supremo se espera para dentro de tres meses y, hasta entonces, los planes de la Casa Blanca permanecen congelados.

Se trata de un caso histórico y de una gran repercusión que podría alterar la vida de millones de estadounidenses, personas nacidas en el país y que han vivido siempre en él pese a que puedan tener padres indocumentados o extranjeros, y que impacta de lleno en la política migratoria de «mano dura» y restrictiva que el presidente quiere aplicar.

El tribunal, formado por nueve jueces, ya ha anulado parcialmente los aranceles que Trump consideraba claves en su política económica, y también debatirá en abril sobre el fin de las protecciones para los migrantes con estatus de protección temporal.

Aún están pendientes las resoluciones sobre la facultad del presidente para destituir a miembros de organismos independientes, incluidos los gobernadores de la Reserva Federal.