La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que el asilo sólo se puede solicitar dentro del territorio de la Unión Americana.

De esta forma, el tribunal respalda a la Administración Trump para que pueda rechazar a solicitantes de asilo en la frontera con México, lo que avala la reactivación de una polémica política destinada a reducir el número de migrantes que las autoridades estadounidenses deben procesar para determinar si tienen derecho a solicitar refugio en el país norteño.

La cuestión en este caso es si los ciudadanos no estadounidenses deben cruzar completamente la frontera para obtener el derecho a solicitar el asilo o si pueden hacerlo simplemente presentándose ante cruces fronterizos.

«Un extranjero que se encuentra de pie en México no ‘llega a los Estados Unidos’ simplemente por intentar, sin lograrlo, poner un pie en este país. Un extranjero ‘llega a los Estados Unidos’ únicamente cuando cruza la frontera», declaró la mayoría conservadora de la Corte en su sentencia (6 votos favor y 3 en contra).

La expresión inglesa «to arrive in the United States» era el objeto de la polémica, ya que a juicio de las organizaciones de defensa de los migrantes, significa «llegar a» la frontera terrestre.

La organización Al Otro Lado lideraba esa petición ante la Corte Suprema.

Un tribunal federal de apelaciones había bloqueado la política que la policía fronteriza empezó a aplicar en 2016, de dejar de recibir esas solicitudes de asilo cuando las oleadas de indocumentados eran masivas en la frontera con México.

En su argumentación, la Corte utiliza varios ejemplos para dirimir el sentido de la expresión en cuestión. 

«Un invitado no llega a una casa cuando llama a la puerta principal. Un ejército no llega a una ciudad cuando acampa fuera de sus murallas», escribió la mayoría del tribunal. 

Los magistrados se centraron en delimitar qué significa exactamente «llegar» al territorio estadounidense. La mayoría conservadora afirmó que los migrantes que se encuentran en México no «llegan» por el simple hecho de «intentar, sin éxito, entrar en este país».

«Las consecuencias de la decisión de hoy son predecibles: más personas morirán», escribió en su disenso la jueza liberal Sonia Sotomayor.

 La Corte también dificultó que los solicitantes de asilo presenten nuevos argumentos de riesgo de «persecución» ante jueces federales con un fallo que ordena que imperen los criterios de las agencias migratorias del Ejecutivo, lo que agilizaría las deportaciones.

El tribunal supremo, de manera unánime, determinó que las cortes federales deben otorgar deferencia a las agencias de inmigración del Gobierno en el momento de decidir si los hechos de un caso de asilo califican como «persecución», en lugar de revisar de nuevo la solicitud por completo.

Falla contra salvadoreño

La resolución se basa en el caso de Humberto Urias Orellana, un hombre de El Salvador que citó peligros de persecución y amenazas de pandillas en su solicitud de asilo, por lo que la Corte negó que el caso deba revisarse de nuevo después de que las autoridades migratorias concluyeron que no hay evidencia sobre los riesgos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró el fallo como una «victoria para el pueblo estadounidense» al argumentar que «jueces activistas han usado el Poder Judicial para proteger a extranjeros ilegales simplemente porque podían hacer falsos alegatos de persecución», con «guiones» hechos por organizaciones civiles.

«La Administración Trump continuará su misión de deportar extranjeros ilegales y mantener seguro a Estados Unidos», señaló el DHS en redes sociales.

El Gobierno de Donald Trump espera agilizar las deportaciones tras el fallo, pues a finales de 2025 había más de 2,4 millones de peticiones de asilo pendientes en las cortes de inmigración, según un informe del Congreso.

El fallo de la Corte, escrito por la jueza Ketanji Brown Jackson, reafirma la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), que establece que el Ejecutivo «puede conceder» asilo a un extranjero si «determina» que es «un refugiado».

Para ello, los peticionarios deben demostrar que «no pueden volver» a su país de origen «por persecución o por un bien fundamentado miedo de persecución con base en su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un particular grupo social u opinión política».

Simpatizantes del Gobierno festejaron el fallo como una victoria para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), al considerar que esto impedirá a los jueces aceptar nuevos alegatos de «posible persecución» tras una eventual deportación.

El Gobierno ha implementado restricciones al asilo desde el comienzo de su mandato, como frenar las nuevas solicitudes en la frontera con México, suspender las peticiones de refugiados y alargar a un año el tiempo de espera para que los solicitantes obtengan un permiso de trabajo. 

El gobierno republicano asegura que en los últimos trece meses no liberó dentro del país a ningún indocumentado que entró ilegalmente en el país.

Es la llamada «política cero» de «captura y suelta» («catch and release») que Trump clama como un éxito, a pesar de las protestas de grupos de defensa de migrantes, organizaciones no gubernamentales y la oposición demócrata, que pide una revisión integral del sistema migratorio.

Pero la batalla jurídica en torno a los derechos de unos 14 millones de indocumentados en el país dista de haberse terminado.

En abril, un tribunal de apelaciones federal prohibió al gobierno negar a los indocumentados la petición de asilo en Estados Unidos.

Trump considera que la inmigración ilegal es una «invasión» favorecida particularmente por el gobierno anterior del demócrata Joe Biden.