La anulación masiva de permisos de trabajo para abogados en Nicaragua revela una purga de abogados incómodos al régimen y pone en primer plano los obstáculos a la defensa legal en países con gobiernos autoritarios.

Numerosas credenciales de juristas nicaragüenses fueron anuladas recientemente del registro de la Corte Suprema de Justicia, lo que los liquida laboralmente e impacta las posibilidades de una defensa independiente, según varios afectados.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está usando «el control del registro de abogados y notarios para castigar a personas consideradas opositoras o independientes», dijo a la AFP, bajo anonimato, una abogada nicaragüense exiliada cuyo nombre fue borrado.

El diario nicaragüense La Prensa, que se edita en el exilio, estimó que fueron eliminadas las licencias de unos 2.000 profesionales del Derecho. La AFP no logró verificar esa cifra de forma independiente.

Un alto exfuncionario del poder judicial precisó a la AFP que en Nicaragua hay unos 40.000 abogados y estimó que «cientos» pudieron haber sido proscritos por motivos políticos, aunque otros lo habrían sido por irregularidades en el ejercicio profesional.

Algunos se enteraron cuando intentaron realizar trámites o ingresar a la plataforma digital de consulta de expedientes, dijeron a la AFP abogados exiliados.

Un grupo de expertos de la ONU sobre Nicaragua denunció el lunes que se trata de una «depuración silenciosa» y un «clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia» nicaragüense.

En 2023, tras una intervención policial, fueron destituidos altos funcionarios de la Corte. Dos años después, reformas constitucionales redefinieron el poder judicial como un «órgano» coordinado por Ortega y Murillo, que desde hace casi dos décadas mantienen el poder absoluto.

«Descalabro»

Para la abogada exiliada, los colegas activos tendrán que ejercer el derecho como un «privilegio del régimen», que podrá quitárselos en cualquier momento y «sin causa alguna».

Pero también prevé que muchos «enfrentarán graves dificultades económicas» y algunos engrosarán la diáspora nicaragüense.

Es «una muerte civil», resumió esta defensora, para quien la medida forma parte de un «patrón de persecución» que incluye el despojo de la nacionalidad a críticos del régimen izquierdista.

«En Nicaragua hay un descalabro total del sistema de justicia. Los abogados saben que no pueden pelear contra el Estado y se han quedado haciendo escrituritas. No hay debido proceso, sino una sumisión a los dictadores», afirmó el exfuncionario judicial exiliado.