Esta misma semana la elección de un magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se vio afectada por la interferencia de última hora del cuestionado Ministerio Público, lo que generó críticas de ente locales e internacionales contra el organismo fiscal, cuya titular, Consuelo Porras, ha sido sancionada por EE.UU. y la Unión Europea (UE).
Integrantes de la Fiscalía de Guatemala acompañan un conteo de votos, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Mariano Macz
Guatemala inició el proceso para renovar a los miembros de instituciones clave del poder judicial, como su máxima corte y la Fiscalía, que durante años han estado bajo sospecha de proteger un entramado de corrupción y criminalidad.
La elección, a cargo de varias instituciones, es un desafío para la debilitada democracia de este país lastrado por abusos contra el erario público y por la violencia del crimen organizado.
Esta misma semana la elección de un magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se vio afectada por la interferencia de última hora del cuestionado Ministerio Público, lo que generó críticas de ente locales e internacionales contra el organismo fiscal, cuya titular, Consuelo Porras, ha sido sancionada por EE.UU. y la Unión Europea (UE).
Los fiscales dijeron que investigaban presuntas irregularidades, pero el cateo también fue rechazado por los observadores de la OEA y varios países.
Porras está en guerra abierta con el presidente Bernardo Arévalo. Ahora la fiscal busca llegar al máximo tribunal.
La Corte de Constitucionalidad se integra por cinco magistrados titulares designados respectivamente por el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos (estatal) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
El CANG eligió a la abogada Astrid Lemus para el período 2026-2031, lo que fue aplaudido por entes como Human Rights Watch (HRW), cuyo subdirector para las Américas, Juan Pappier, celebró que las «trampas e intimidaciones» no surtieran efecto en un proceso que tildó de un paso hacia una corte «profesional».
Conformada por cinco magistrados titulares e igual número de suplentes, es la última instancia judicial. Al ser inapelables sus fallos, es llamada la «corte celestial».
El jueves se realizó la votación del gremio de juristas, en medio de un allanamiento de fiscales que Arévalo denunció como un intento de «amedrentar» y «alterar» los resultados.
En los últimos años la corte ha sido cuestionada por supuestamente favorecer a políticos corruptos. Además, validó la decisión de un juez que canceló el partido que llevó al poder a Arévalo, aun cuando era facultad de la autoridad electoral.
Es necesario «retomar esa institución para rescatarla de las interpretaciones arbitrarias y discrecionales de algunos magistrados», dijo a la AFP la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra.
Para la especialista, el tribunal ha validado «una serie de persecuciones penales espurias».
Los nuevos magistrados asumirán el 14 de abril por cinco años.
El Congreso de Guatemala debe elegir este semestre a cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral para un período de seis años. La elección se realizará a partir de una nómina de candidatos propuesta por una Comisión de Postulación.
Los nuevos magistrados tendrán a cargo las elecciones generales del próximo año, a la espera de recuperar la credibilidad de la institución, cuyos miembros salientes han sido señalados de corrupción y de interferir en los últimos comicios mediante la exclusión de candidaturas con posibilidades de victoria.
En mayo próximo también se definirá el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, en reemplazo de la fiscal general Porras, sancionada actualmente por Estados Unidos y la UE por fuertes señalamientos de socavar la democracia y participar en hechos de corrupción durante sus ocho años en el cargo.
El nuevo fiscal general será elegido por el presidente, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis abogados propuesto por una Comisión de Postulación. La continuidad o el giro en la política criminal del país depende de esta designación.
El nuevo fiscal general será elegido por Arévalo de un listado de seis candidatos que le entregará una comisión de postulación a más tardar el 14 de marzo.
Desde el 17 de mayo sustituirá a Consuelo Porras, quien fue designada en 2018 por el presidente Jimmy Morales y reelecta en 2022 por Alejandro Giammattei, ambos señalados de corrupción.
Porras, de 72 años, está sancionada desde 2021 por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido que la consideran «corrupta» y «antidemocrática» por frenar investigaciones anticorrupción e intentar evitar la asunción de Arévalo hace dos años.
La fiscal ha impulsado sin éxito varios recursos para desaforar al mandatario socialdemócrata, quien a su vez ha fracasado en su intento para que la justicia la destituya.
Porras también emprendió una persecución contra fiscales y jueces antimafia, periodistas y líderes sociales, muchos de ellos ahora en el exilio.
Según sus críticos, esa dureza contrasta con los escasos logros en la persecución de las pandillas que azotan al país.
Ahora aspira a ser magistrada de la corte constitucional por la Universidad de San Carlos, lo que es visto como una maniobra para mantener la inmunidad y evadir a la justicia. La votación será el próximo lunes.
«Después de ocho años de serios retrocesos en la procuración de justicia», el sucesor de Porras «marcará el rumbo de la lucha contra la corrupción» y «la posibilidad de restaurar el estado de derecho» en Guatemala, indicó en un análisis la directora regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Ana María Méndez.
Un panel de reconocidos juristas internacionales que observa las elecciones advirtió que la «criminalización sigue instalada» en el país por las acciones de la Fiscalía.
Para los expertos, conseguir tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad comprometidos con la lucha contra la corrupción es trascendental para el futuro de Guatemala. Es por ello que existe una gran disputa por dichas magistraturas.
La fiscal general Porras aspira a formar parte de la corte y se está postulando actualmente para ser representante de la Universidad de San Carlos. De ganar, podría obtener la inmunidad del cargo en eventuales casos judiciales en su contra en el futuro.
Precisamente por la importancia de las magistraturas para la Corte de Constitucionalidad, existió en la población guatemalteca gran indignación después de que la Fiscalía allanara las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios del jueves, en un operativo similar a cuando en 2023 el mismo Ministerio Público intentó revocar los resultados electorales que llevaron a la presidencia a Arévalo de León.
El país se debate entre seguir una «ruta antidemocrática» o que se «restauren» los «controles democráticos», comentó la representante de ProJusticia.
Arévalo ha advertido que «quienes durante décadas han abusado del poder y se han enriquecido con la corrupción, amenazan con seguir capturando» las instituciones.
«Guatemala está en un momento crítico, decisivo y único en su historia», declaró Méndez a la AFP.
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