El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, habla en una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Arévalo, afirmó que el próximo fiscal general deberá tener como prioridad "rescatar" al Ministerio Público. /Foto EFE
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó este jueves que el país se encuentra a las puertas de un «cambio de tiempo» para finalizar con el «régimen de abuso y miedo» en el sistema judicial, cuando concluye la etapa de la fiscal general Consuelo Porras Argueta, acusada de corrupción.
Las palabras del gobernante tuvieron lugar en el marco de la recepción de una marcha de autoridades indígenas que exigen el cese de la criminalización de líderes sociales.
Frente al Palacio Nacional de la Cultura, antigua sede de Gobierno, Arévalo de León vinculó este giro histórico con el actual proceso de elección del nuevo fiscal general del Ministerio Público (Fiscalía), cuya nómina de seis candidatos recibió esta semana y se encuentra bajo análisis, en un intento por recuperar una institución señalada por perseguir a opositores y proteger la impunidad.
Arévalo de León subrayó que la responsabilidad constitucional de elegir al sucesor de la actual fiscal general, Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano, recae sobre sus hombros y prometió actuar con «brújula ética» para rescatar la justicia.
«Podemos dejar atrás un sistema que se ha plegado a proteger los privilegios de unos pocos, los abusos y fortunas mal habidas que ha perseguido y amedrentado a quienes defienden valientemente nuestros derechos y nuestra dignidad, e inaugurar una época en la que la justicia sea oportuna, sea fuente de tranquilidad, estabilidad, de paz y de desarrollo», sentenció el jefe de Estado guatemalteco.
El presidente recordó que hace exactamente un año comenzó la persecución contra miembros de su equipo, como el viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, y Héctor Chaclán, ambos líderes indígenas, a quienes calificó como víctimas de un sistema plegado a intereses espurios.
La Fiscalía acusa a ambos líderes de delitos como asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo y obstrucción de la justicia, por liderar en 2023 las movilizaciones que exigieron la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, señalada de intentar impedir la investidura de Arévalo de León.
«Su caso no es único, se suma a una larga lista de acoso, hostigamiento y criminalización contra otras autoridades indígenas, contra jueces y fiscales honestos, contra periodistas, contra defensores de Derechos Humanos y contra personas que integran nuestro equipo de gobierno mientras que, a lo largo de este año, hemos constatado cómo casos donde verdaderos delincuentes que han depredado la salud, la educación y las carreteras se mantienen en total impunidad», denunció el mandatario.
El mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo fiscal general antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
