Una jueza federal en Massachusetts bloqueó el martes una política del presidente Donald Trump que ponía fin al estatus de libertad condicional temporal («parole») para cientos de miles de migrantes a quienes se les había otorgado este beneficio tras ingresar legalmente a Estados Unidos a través de una aplicación móvil implementada durante el gobierno de Joe Biden, informaron las cadenas Telemundo y NBC News.

Además, la jueza Allison Burroughs, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, ordenó que se restablezca la protección temporal que los migrantes obtuvieron tras ingresar mediante la aplicación CBP One, según consta en la orden emitida por la jueza federal.

Según reportes oficiales, más de 900,000 personas ingresaron legalmente a EEUU a través de la aplicación CBP One, la cual comenzó a programar citas para migrantes en los puertos de entrada en enero de 2023. A muchos se les concedió la libertad condicional, lo que les permitía permanecer en EEUU durante dos años y obtener una autorización de trabajo, dicen ambos medios informativos.

No se sabe cuántos de los migrantes a quienes se les revocó la libertad condicional ya han sido deportados, aclararon.

La demanda fue presentada por afectados por la política de Trump y organismos de derechos civiles.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuestionó la decisión y la calificó de «flagrante activismo judicial».

«Según la ley federal, el DHS tenía plena autoridad para revocar la libertad condicional. La cancelación de estas libertades condicionales constituye una promesa cumplida al pueblo estadounidense para asegurar nuestras fronteras y proteger nuestra seguridad nacional», afirmó el DHS en un comunicado.

El gobierno Trump revocó el estatus de los favorecidos justo hace un año y les ordenó salir inmediatamente de los Estados Unidos.

Pero la jueza Burroughs advirtió en esta ocasión que las autoridades «excedieron» sus atribuciones al hacerlo.

«Nuestros clientes cumplieron con la ley: esperaron, se registraron, fueron inspeccionados y se les concedió la libertad condicional conforme a la ley. El intento de la administración Trump-Vance de arrebatarles ese estatus de la noche a la mañana fue ilegal y cruel; y hoy, el tribunal ha rechazado esa política perjudicial y desestabilizadora», afirmó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.

La organización, junto con el Instituto de Reforma Legal de Massachusetts (Massachusetts Law Reform Institute), está representando a migrantes de Venezuela, Cuba y Haití a quienes se les había concedido el *parole* tras haber ingresado a través de la aplicación CBP One. También están representando al grupo de defensa Asociación Venezolana de Massachusetts.

La orden emitida por el juez el lunes «aporta un alivio largamente esperado tras meses de miedo e incertidumbre» para muchas familias venezolanas, declaró en un comunicado Carlina Velásquez, presidenta de la Asociación Venezolana de Massachusetts, citada por las fuentes informativas. «Se trata de personas que cumplieron con cada uno de los pasos que se les exigieron, confiaron en el sistema y construyeron sus vidas aquí, solo para que luego se les dijera que debían dejarlo todo atrás».