Venezuela aprobó el 19 de febrero una histórica ley de amnistía general que se espera que conduzca a la liberación masiva de presos políticos bajo el chavismo gobernante, aunque expertos advierten que su alcance es excluyente.

La ley es una iniciativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

«Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón», dijo Rodríguez tras promulgar la norma en el palacio presidencial de Miraflores.

Poco después de que la Ley fuera aprobada por unanimidad en el Parlamento.

«Ha sido un acto de grandeza», calificó la mandataria interina. «Estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela», auguró.

Insuficiente

Luego de la promulgación, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa anunció que quedó en «libertad plena».

Este exdiputado, aliado de la nobel de la Paz, María Corina Machado, estuvo detenido nueve meses acusado de conspiración y, tras pocas horas excarcelado, fue otra vez capturado el 8 de febrero por supuestamente violar su libertad condicional.

Desde entonces, estaba en arresto domiciliario. No está claro si su libertad está relacionada con este instrumento, que de entrada criticó.

«Es un documento chucuto (insuficiente) que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas», escribió en X. «La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia».

Su hermano, Tomás Guanipa, es uno de los diputados que votó por su aprobación.

La breve excarcelación de Guanipa en febrero formó parte de un primer proceso anunciado por Rodríguez, el 8 de enero. Desde entonces, 448 opositores han quedado en libertad y todavía permanecen 644 tras las rejas en Venezuela, según la ONG Foro Penal.

Entre la esperanza y el desgaste, decenas de allegados de presos políticos siguieron con emoción el debate en sus celulares en las afueras de las cárceles, donde acampan desde hace casi dos meses en espera de su libertad.

«Feliz, feliz, con esperanza, pero siempre a la expectativa», dijo Petra Vera a las afueras de unos calabozos policiales en la capital, donde su cuñado está preso. «Mientras no los veamos afuera no vamos a dejar de luchar», aseguró.

Una mujer contenía el aliento con lágrimas en sus mejillas, otra rezaba entre susurros frente al Helicoide, un símbolo de la represión estatal que la presidenta interina ordenó cerrar.

Traba

La aprobación de la ley se había aplazado el 12 de febrero, entre el lamento de familiares y el reclamo de defensores de derechos humanos.

Una decena de mujeres comenzó el 14 de febrero una huelga de hambre frente a los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, en Caracas. El jueves quedaba una sola. Tras la aprobación de la ley, levantaron la protesta que casi cumplía seis días.

La manzana de la discordia: el artículo 7. El jueves se aprobó por unanimidad con modificaciones.

La amnistía abarca «a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos» en 27 años, que «esté a derecho o se ponga a derecho». Involucra así a los tribunales, señalados de servir al chavismo.

La ley incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.

«Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a fines del otorgamiento de la amnistía», se lee en el texto.

La amnistía es parte de una agenda que incluye mayor apertura petrolera y un vuelco en las maltrechas relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019.

Washington ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.