Grupo IDEA advierte que persisten prácticas represivas y justicia selectiva en Venezuela
La iniciativa, conformada por exjefes de Estado y de Gobierno, rechazan que la estabilización del país esté basada únicamente en la recuperación de la industria petrolera.
Una persona ondea una bandera nacional en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro. (Foto de Federico PARRA / AFP)
La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), conformada por más de 35 exjefes de Estado y de Gobierno, denunció la persistencia de crímenes de lesa humanidad y prácticas represivas en Venezuela, tras respaldar los recientes hallazgos de la Misión de la ONU tras los sucesos de 3 de enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro.
A través de un comunicado, los exmandatarios alertaron que, pese a la reciente Ley de Amnistía aprobada en Venezuela, se utiliza a jueces cuestionados para aplicar liberaciones selectivas. Además, se mantiene en prisión a más de 500 figuras clave, como el exjuez Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado y de la Plataforma Unitaria Democrática. Esto mientras los responsables de violaciones a los derechos humanos conservan sus puestos de poder en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, indica el Grupo.
Asimismo, la coalición internacional manifestó su rechazo ante una estabilización del país basada únicamente en la recuperación de la industria petrolera, advirtiendo que este enfoque solo otorga «el beneficio del tiempo» al régimen de facto «para evitar el cambio político y el regreso de la democracia, mientras que la crisis social y humanitaria originada por éste se acelera».
En su pronunciamiento, exigen que la comunidad internacional priorice una transición democrática real y una reforma institucional profunda.
Comunicado del Grupo IDEA
Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), nos hacemos eco de las graves informaciones verificadas por la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos en Venezuela, tras los sucesos de 3 de enero de 2026 y hasta el presente.
Señalan que, “sigue existiendo una necesidad urgente de poner fin a todas las prácticas represivas en Venezuela y de situar los derechos humanos como prioridad”.
Alertar y advierten que los “responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando posiciones de poder en el poder ejecutivo y en las fuerzas de seguridad” venezolanas; Constatan que, han sido liberados presos políticos, pero continúan los encarcelamientos o las limitaciones de la libertad tras ser aprobada la llamada Ley de Amnistía, que se aplica con criterios selectivos, desnaturalizándose a la amnistía y usando para ello el régimen venezolano a los mismos jueces identificados por la Misión como corresponsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. A tal efecto:
Nos preocupa observar que, la única vertiente visible para la llamada estabilización de Venezuela es la de recuperar su industria petrolera, lo que en práctica le ofrece al régimen de facto y a su estructura de corrupción el beneficio del tiempo para evitar el cambio político y el regreso de la democracia, mientras que la crisis social y humanitaria originada por éste se acelera.
Nos escandaliza saber que, mientras el régimen afirma haber liberado a unos 7.700 presos políticos cuya mayoría se encontraba en libertad condicional, permanecen más de 500 encarcelados o bajo prisión domiciliaria, al considerárselos políticamente incómodos, con el emblemático caso del exjuez Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado y de la Plataforma Unitaria Democrática.
Hacemos nuestro, por consiguiente, el requerimiento de la Misión designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en cuanto a que, “la comunidad internacional debe mantener su atención en Venezuela para asegurar que la transición en el país conduzca a una genuina reforma institucional y al fin de la cultura del miedo”; lo que implica y hace urgente el proceso de legitimación democrática como única garantía de gobernabilidad con paz ciudadana.
