Las declaraciones del secretario del ahora Fiscal General interino de Estados Unidos, Todd Blanche, podrían provocar el colapso del proceso penal contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García y favorecer a este último, informó la cadena internacional CNN.

La defensa del inmigrante sostiene que dichas declaraciones evidencian «una persecución procesal con tintes de represalia», por lo cual el juez de la causa, Waverly Crenshaw, podría optar por desestimar los cargos o incluso llamar a Blanche a declarar bajo juramento en un tribunal en Tennessee.

Eso es lo que estudia el juez para determinar si lo dicho por Blanche compromete la validez de los cargos de presunto tráfico de personas presentados contra Ábrego, quien fue deportado por error a una megacárcel en El Salvador y posteriormente devuelto a territorio estadounidense por violaciones al debido proceso.

La decisión que tome el togado sentará un precedente sobre el impacto que pueden tener los pronunciamientos públicos de altos funcionarios del Departamento de Justicia.

La defensa ha insistido en que los cargos atribuidos a Ábrego surgieron como represalia por la demanda presentada tras su deportación. De hecho, el juez Crenshaw ha señalado que las propias declaraciones de Blanche vinculan el proceso penal con ese litigio, lo que sugiere que no se trata de una acusación ordinaria.

Los abogados del salvadoreño aseguran que los testimonios presentados en el proceso no lograron disipar las dudas sobre una posible motivación indebida.

Además, subrayan que Blanche no ha comparecido para aclarar sus afirmaciones, aunque la Fiscalía sostiene que la decisión de acusar se tomó exclusivamente con base en evidencia.

El caso se complica aún más por la intención del Gobierno estadounidense de deportar nuevamente a Ábrego García, esta vez hacia África, mientras mantiene abierto el proceso penal en su contra. Esta dualidad ha sido cuestionada por la jueza federal Paula Xinis, quien ha bloqueado intentos de expulsión inmediata.

“En definitiva, o lo quieren aquí para el caso penal o no”, advirtió la jueza, al señalar la falta de coherencia en la postura del Gobierno.