La Justicia de Honduras resolvió este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández enfrente en libertad, en un tribunal ordinario y no ante la Corte Suprema como se planteó inicialmente, el caso de lavado de dinero y fraude por el que está acusado.

El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó en una audiencia a Hernández «medidas cautelares», entre ellas la de prohibición de salida del país, pero denegó el pedido de la Fiscalía para que el expresidente fuera detenido provisionalmente ante el «peligro de fuga».

Hernández retornó el pasado 26 de julio a Honduras, de donde Estados Unidos lo extraditó en 2022. Allí enfrentó un juicio y, en 2024, recibió una condena de 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, indultó a Hernández el 1 de diciembre de 2025.

El juicio en Honduras

Será el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción el encargado del caso luego de que hoy se declaró «sin lugar» (rechazo) el recurso presentado el pasado viernes por la defensa de Hernández para mantenerlo en la Corte Suprema, luego de que el magistrado originalmente a cargo se proclamó sin competencia para asumir la causa.

De acuerdo con la resolución judicial, Hernández afrontará el proceso en libertad con impedimento de salir del país.

También tendrá el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, que tendrá que presentar un informe semanal sobre su condición, y prestar «caución juratoria» (promesa jurada).

Investigan un presunto desvío de dinero

El mismo tribunal programó la audiencia inicial para el próximo 12 de agosto a las 09:00 hora local (15:00 GMT), cuando determinará si el exmandatario enfrentará un juicio por los delitos que le imputa el Ministerio Público (Fiscalía).

Decenas de seguidores del expresidente se concentraron hoy frente a la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentra la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, habilitada para la audiencia debido a las limitaciones de espacio del Juzgado de Criminalidad Organizada, para manifestar su respaldo a Hernández.

La Fiscalía acusa a Hernández, de 57 años, de fraude y lavado de dinero en un caso abierto en 2023, relacionado con el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando el exmandatario presidía el Parlamento, fondos que supuestamente habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.

«Persecución política»

Previo a la decisión de la Justicia, Hernández afirmó encontrarse en una situación de «indefensión» y «limbo» jurídico. El expresidente, de 57 años, llegó al Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa acompañado por su familia y bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Antes de ingresar a la sede judicial, el exmandatario aseguró a periodistas que enfrenta una «persecución política» y sostuvo que está en «indefensión» debido a que, en ese momento, no se había resuelto el recurso de reposición presentado el viernes por su defensa para que el proceso permanezca en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

«A esta hora estoy en indefensión todavía (…) nosotros pedimos una reposición el viernes y no la han resuelto, estoy en el limbo», declaró Hernández, quien pidió a los periodistas investigar por qué, según él, solo en su caso se emitió una orden de captura mientras los demás imputados pudieron presentarse en libertad.