El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lunes que restringirá el acceso a visas a más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares tras la muerte de un líder indígena detenido.

Brooklyn Rivera, un reconocido líder del pueblo miskito de 73 años y exmiembro del Congreso, fue arrestado en septiembre de 2023 por el gobierno autoritario de izquierda del presidente Daniel Ortega. Nunca se hicieron públicos los cargos.

El 31 de mayo, el Ministerio de Salud de Nicaragua anunció el fallecimiento de Rivera, alegando que su salud se deterioró debido a una infección bacteriana causada por el virus Covid-19.

Estados Unidos había pedido la liberación de Rivera después de que el gobierno publicara fotos del detenido, visiblemente demacrado y conectado a un respirador artificial.

«Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega por la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera», declaró el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado. Murillo se refiere a la esposa y copresidenta de Ortega, Rosario Murillo.

Considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, a Rivera se le prohibió ver a su familia y se le negó el derecho a la defensa durante su detención. Falleció el 30 de mayo y fue enterrado al día siguiente sin la presencia de ningún familiar.

Tininiska Rivera, su hija, declaró a la AFP la semana pasada que las impactantes imágenes difundidas por el gobierno demostraban «que no les importa cómo se les percibe en el extranjero, sino más bien demostrar su poder dentro de Nicaragua». Rivera habló con la AFP desde su exilio en Costa Rica.

Aunque el gobierno nunca explicó públicamente por qué arrestó a Rivera, según informes de prensa de noviembre de 2024, comunicó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se le había levantado la inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos graves, entre ellos traición.

El 2 de junio, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una investigación.

En su declaración, Rubio afirmó que con esta nueva sanción, Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares «por su complicidad en la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega».

No especificó quiénes son los nuevos objetivos de las restricciones estadounidenses.

En su juventud, Ortega, un marxista radical y líder de una revolución contra un autócrata respaldado por Estados Unidos, se mantiene en el poder desde 2007 tras unas elecciones cuestionadas por la comunidad internacional. Se le acusa ampliamente de actuar con dureza para reprimir la disidencia y mantenerse en el poder en este empobrecido país centroamericano.

Managua está bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que miles de nicaragüenses han huido al exilio debido al encarcelamiento por parte del gobierno de cientos de opositores, reales y percibidos como tales. A algunos nicaragüenses se les ha retirado la ciudadanía.