La Corte Penal Internacional (CPI) tachó este miércoles de «ataque flagrante» a su independencia las sanciones de Estados Unidos a su presidenta, la japonesa Tomoko Akane.

La corte con sede en La Haya procesa a acusados de las atrocidades más graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos que garanticen la rendición de cuentas.

Las sanciones fueron anunciadas el martes por Estados Unidos, que estima que la CPI es una institución «politizada», y conciernen también al magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la alta corte.

La medida implica que estos jueces no pueden viajar a Estados Unidos ni realizar efectuar transacciones en el sistema financiero estadounidense, que tiene un alcance global.

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que sanciona a Akane y también a Abdoulaye Seye y que permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

Como es habitual, la OFAC indicó que EE.UU. también sancionará transacciones con «cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50 % o más».

La Corte fustigó las sanciones como un «ataque flagrante» a su independencia. «Medidas de este tipo dirigidas contra jueces, fiscales y personal (…) socavan el Estado de derecho», añadió la Corte.

Tras conocer la decisión de la Administración Trump, la CPI advirtió este martes de que las nuevas sanciones impuestas hoy «socavan el Estado de derecho» y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.

«Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional», señaló la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya.

«Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho», añadió el tribunal.

La CPI rechazó estas presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones «con independencia e imparcialidad» y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicaron este miércoles que apoyan «firmemente» a Tomoko Akane, «que debe ser capaz de actuar con toda independencia y sin presión exterior».

El gobierno japonés, el mayor financiador de la CPI y estrecho aliado de Estados Unidos, condenó también la medida, que calificó de «muy desafortunada».

«Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción» de ese tribunal, había declarado en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio, para defender la medida.

España deploró el anuncio y destacó que la Corte «desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la protección y reparación de las víctimas» y es la piedra angular del sistema de justicia penal internacional.

Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, que creó la CPI en 2002.

Fotografía de archivo del exterior de la sede de la Corte Penal Internacional (CPI). EFE

Israel, en el punto de mira

La Casa Blanca ha impuesto sanciones -con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en el país- a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, un aliado clave de Washington. 

La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, ya fallecidos.

Washington lanzó una ofensiva diplomática contra la CPI hace un mes, al acusarla de «amenazar» a estadounidenses.

En un mensaje en X el martes, Netanyahu aplaudió las sanciones y calificó a la CPI como un tribunal «que disfraza su abuso de poder con el lenguaje del derecho internacional».

El gobierno de Países Bajos, donde tiene sede la CPI, dijo que «desaprueba» las sanciones, una condena a la que sumó Alemania.

Chad y Venezuela -ahora un país cercano a Washington tras la captura del expresidente Nicolás Maduro- anunciaron su intención de dejar la CPI. Rubio expresó su confianza en que otros países hagan lo mismo.

«Inquebrantable»

«La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía», añadió Rubio en el comunicado.

Pero el tribunal aseguró que continúa «inquebrantable».

Sin embargo, los choques de la CPI no han sido solo con Estados Unidos.

La jueza Akane, de 70 años, emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Moscú respondió con sus propias órdenes de detención contra altos funcionarios de la CPI.

Entre estas órdenes figuraba la jueza Akane, elegida presidenta del tribunal en marzo de 2024. 

«Aunque un juez muera, es fácil reemplazarnos, así que en realidad no tiene sentido que nos tomen como objetivo», había dicho la magistrada tras el anuncio ruso. 

En Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos han tomado acciones legales contra las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump a la Corte.

En una demanda presentada en Nueva York, cuatro organizaciones, incluida Human Rights Watch, aseguraron que las sanciones deben anularse porque, argumentan, violan entre otras cosas el derecho a la libertad de expresión protegida por la Constitución estadounidense.

Trump se enfila en contra de la CPI

El anuncio de hoy está en línea con lo adelantado en julio por el propio secretario de Estado, Marco Rubio, que prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte en semanas venideras.

Trump declaró abiertamente la guerra al tribunal al retornar al poder el año pasado, y en febrero firmó una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una «amenaza» para la seguridad nacional.

En concreto, la orden pone la diana en las investigaciones de la CPI sobre el ejército de EE.UU. en lugares como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

Hasta la fecha, la Administración Trump se ha amparado en esta orden para sancionar a fiscales y jueces de la CPI, así como la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.

EE.UU. no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado nunca el estatuto de Roma, y el Gobierno Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.