De acuerdo con ONG como Prisoners Defenders, La Habana se queda con un promedio del 85 % del pago de los países anfitriones, retiene los pasaportes de los médicos en el exterior y penaliza a aquellos que dejan la misión antes del tiempo pactado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este martes «vulneraciones» de carácter estructural de «derechos laborales, sindicales, y de movilidad humana» de los profesionales integrantes de las misiones médicas de Cuba en el exterior.
El informe de este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), elaborado conjuntamente con la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH, refiere «la existencia de desafíos estructurales en materia de trabajo decente en las misiones médicas».
Recoge testimonios de participantes en estas misiones que denunciaron infracciones relacionadas con «trato diferenciado y condiciones laborales caracterizadas por niveles de remuneración que podrían resultar insuficientes».
El texto detalla que los médicos se enfrentan además, a la «ausencia de contrato o desconocimiento de las condiciones laborales, de libertad sindical; así como a condiciones de trabajo que no aseguran la dignidad de la persona trabajadora».
Los profesionales que integran misiones cubanas en el exterior han experimentado «prácticas de retención de ingresos, jornadas laborales extensas y la asignación de tareas ajenas a la labor sanitaria», puntualiza el informe.
No obstante, la CIDH reconoce a su vez la relevancia de la labor del personal de salud cubano de estos mecanismos «en la provisión de servicios esenciales para poblaciones en situación de vulnerabilidad».
El estudio refiere, además, que los Estados receptores de dichas brigadas las califican como una forma de cooperación que «contribuye al fortalecimiento de sus sistemas públicos en contextos donde la atención médica resulta limitada o insuficiente».
Además, pese a los cuestionamientos sobre sus condiciones laborales, los médicos obtienen un salario en dólares mejor que el que obtendrían en su país y el régimen cubano genera divisas (que asegura emplear en su propio sistema sanitario).
Sin embargo, de acuerdo con ONG como Prisoners Defenders, La Habana se queda con un promedio del 85 % del pago de los países anfitriones, retiene los pasaportes de los médicos en el exterior y penaliza a aquellos que dejan la misión antes del tiempo pactado.
El informe de 2024 sobre la trata de personas del Departamento de Estado sitúa los ingresos de Cuba por la exportación de servicios profesionales entre los 6.000 y los 8.000 millones de dólares (5.150 y 6.975 millones de euros).
Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales representaron entre 2018 y 2020 más del 40 % del total de las ventas de la isla al exterior.
Las brigadas médicas cubanas -constituidas hace más de seis décadas y con más de 600.000 profesionales destinados en 165 países, según datos oficiales- han sido uno de los focos de la política hacia Cuba de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, en su segundo mandato.
En los últimos meses y bajo presión de Washington, Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana, y Trinidad y Tobago han suspendido su cooperación médica con Cuba o reformado sus términos.
El Gobierno cubano ha negado estas críticas hacia las misiones médicas cubanas y ha calificado de «feroz presión» y «chantaje» la presión de Washington sobre los países de América Latina y el Caribe.
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