El Gobierno de Estados Unidos prevé adjudicar un contrato de hasta 150 millones de dólares para la representación legal de menores migrantes a un pequeño bufete de Texas especializado en derecho ambiental y regulatorio, que cuenta con solo dos abogados dedicados a casos de inmigración.

El contrato, que entraría en vigor el 15 de agosto con una duración de un año, sustituirá al que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) mantenía con Acacia Center for Justice, una red de organizaciones sin ánimo de lucro cuyo acuerdo no fue renovado.

Burke Law Group, con sede en Houston, tiene 26 personas en plantilla y, según su página web, solo dos de ellas ejercen el derecho migratorio, además de otras áreas.

El bufete acumula vínculos con la Administración. Su presidenta, Marcella Burke, ocupó cargos durante el primer mandato de Trump como subconsejera general de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y subprocuradora para Energía y Recursos Naturales del Departamento del Interior.

Uno de sus cofundadores, Jeffrey Hall, dirige hoy la oficina de sanciones ambientales de esa misma agencia, tras ser confirmado por el Senado en diciembre. Y la asesora sénior Anne Idsal Austin, que también sirvió en la EPA durante el primer Gobierno de Trump, encabezó después el equipo de transición de la agencia para el segundo, según el portal E&E News.

La elección de la firma provocó el rechazo de las organizaciones que integran la red Acacia y que durante años se han encargado de apoyar y representar legalmente a los menores migrantes no acompañados, como se conoce a los niños que entraron solos a EE.UU., bajo custodia del Gobierno.

La Administración intentó rescindir el contrato con Acacia antes de su vencimiento y, según denuncian los responsables de varias de estas organizaciones, lleva meses sin desembolsar los fondos federales comprometidos.

En respuesta, las organizaciones demandaron al Gobierno federal para reclamar unos 65 millones de dólares en facturas vencidas por sus servicios.

En una llamada con periodistas este miércoles, Michael Lukens, director del Amica Center, una de las organizaciones demandantes, aseguró que la red apoya y representa legalmente a más de 24.000 niños migrantes en todo el país.

«Es muy extraño que el Gobierno, que tiene como misión proteger a los menores de edad y por ley debe darles apoyo legal, haya elegido dar esta enorme cantidad de dinero a una firma que claramente no está calificada, en vez de seguir apoyando a las organizaciones que lo han hecho durante años», afirmó Lukens.

Los activistas sostienen que la decisión de poner fin al contrato con Acacia responde al deseo del Gobierno de acelerar las deportaciones e impedir que los menores accedan al debido proceso.

Alexa Sendukas, abogada del Galveston-Houston Immigrant Representation Project, que ha representado a unos 500 menores, aseguró que los albergues y centros gubernamentales que los acogen reciben cada día más migrantes, y que la mayoría «viene desde el interior del país» y no de la frontera.

«Los procesos migratorios están siendo acelerados y no tienen la oportunidad de contar su historia o de solicitar protección», agregó.

El Gobierno federal está obligado desde 2008 a facilitar representación legal a los menores no acompañados bajo custodia de la ORR. Sin embargo, en EE.UU. los procesos migratorios son de naturaleza civil, por lo que los niños no tienen derecho a un abogado de oficio y pueden comparecer solos ante un juez de inmigración.