A pesar de las acusaciones de fraude y de interferencia —incluidas menciones a presiones del exterior—, observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea no han documentado formalmente actos de fraude.
A pesar de las acusaciones de fraude y de interferencia —incluidas menciones a presiones del exterior—, observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea no han documentado formalmente actos de fraude.

Desde meses antes de las elecciones generales hondureñas del 30 de noviembre, veníamos advirtiendo sobre la posibilidad de una grave crisis electoral que, de no resolverse de manera adecuada y oportuna, podía derivar en una crisis política de mayor envergadura, poniendo en serio riesgo la democracia hondureña.
Y eso es precisamente lo que, lamentablemente, está ocurriendo en este momento.
La presidenta Xiomara Castro ha lanzado una alerta de alta gravedad política y social en Honduras, afirmando que “se está gestando un golpe contra su gobierno” en medio de la profunda crisis postelectoral que vive el país tras las elecciones del 30 de noviembre de 2025, cuyos resultados aún no se han definido oficialmente 16 días después de celebrados los comicios.
En un mensaje difundido por redes sociales en la madrugada del martes, Castro sostuvo que dispone de “información de inteligencia verificada” que indica un plan orientado a quebrantar el orden constitucional y democrático mediante maniobras golpistas contra su administración y llamó a la ciudadanía, movimientos sociales y colectivos a una movilización masiva y pacífica en Tegucigalpa para defender el mandato popular y rechazar cualquier intento de ruptura del marco institucional. Además, exigió a las fuerzas armadas y policiales que cesen cualquier uso desproporcionado de la fuerza contra centenares de manifestantes del partido oficialista LIBRE que desde el lunes protestan ante las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde debía comenzar un recuento especial de miles de actas con inconsistencias que definirían al ganador de las elecciones.
En su mensaje, Castro también aseguró que el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por el presidente estadounidense Donald Trump después de cumplir casi cuatro años de una condena en EE.UU. por vínculos con el narcotráfico, planeaba regresar al país supuestamente para “proclamar al ganador” de los comicios, aunque Hernández negó categóricamente dicha acusación y afirmó que no tiene ningún plan de ingreso a Honduras, atribuyendo las declaraciones de la presidenta a “una narrativa que busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos”, algo que tildó de práctica típica de dirigentes de LIBRE. Paralelamente, la figura del expresidente Manuel Zelaya —derrocado por un golpe de Estado en 2009— se ha sumado a las denuncias del fraude electoral, describiendo la situación como un “golpe electoral” y alentando a la base oficialista a mantenerse en las protestas, lo que añade una dimensión simbólica y de continuidad histórica a la crisis actual, en un contexto donde la alternancia democrática debería concretarse tras un estrecho empate técnico entre los principales contendientes de derecha y centro. 
La inquietud generalizada sobre el proceso electoral no sólo se expresa en las advertencias de la propia presidenta y en las intensas movilizaciones callejeras, sino también en el estado de incertidumbre institucional y política en el país centroamericano: la falta de un resultado claro ha generado una polarización creciente entre los sectores políticos y sociales, con críticas intensas a la gestión del CNE y un escrutinio especial pendiente de miles de actas que presentan “inconsistencias”, lo que ha impedido avanzar en la definición del ganador.
A pesar de las acusaciones de fraude y de interferencia —incluidas menciones a presiones del exterior—, observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea no han documentado formalmente actos de fraude, si bien han cuestionado la lentitud y torpeza del recuento de votos.
Este clima de tensión electoral y las denuncias sobre la existencia de maniobras para socavar el orden constitucional —que Castro califica de golpe o golpe electoral— reflejan no solo una crisis inmediata por el resultado de las elecciones, sino una profunda desconfianza en las instituciones y un desafío mayúsculo para la estabilidad democrática hondureña en las semanas previas a la transferencia de mando prevista. 
Estamos ante una crisis en desarrollo, marcada por la tensión y la incertidumbre, en la que todos los escenarios están abiertos.
Desde Radar LATAM 360, continuaremos dando seguimiento cercano a esta grave y compleja coyuntura.
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