La Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) podrá prestar servicios y cobrar una taza por ellos, de acuerdo a la propuesta de reforma a su ley de creación presentada por el gobierno a la Asamblea Legislativa.
Las reformas » tienen por objeto dotar de herramientas a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos a fin de fortalecer su funcionamiento, así como facilitar la aplicación de la referida Ley, en beneficio de la población salvadoreña», dice la correspondencia suscrita por Romeo Rodríguez Herrera, ministro de Obras Públicas y de Transporte.
La propuesta agrega a las facultades del director general la de «proponer al Órgano Ejecutivo, por medio del Ramo de Obras Públicas y de Transporte, los proyectos de tasas por servicios que presta, para someterlas al proceso de aprobación por parte del Órgano Legislativo».
Además, se le otorgaría la facultad de aprobar los precios públicos por servicios y productos que ofrezca a través de un acuerdo institucional, previa autorización del Ministerio de Hacienda.
Los recursos que perciba del pago de las tasas y/o de la prestación de sus servicios y productos pasará a formar parte de su patrimonio, según la reforma al artículo respectivo.
Reduce requisitos
Además, el proyecto reduce los requisitos que deberán reunir las personas que integren el Tribunal Sancionador de la ley. Indica que deberá ser salvadoreño, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, de reconocida honorabilidad y probidad; hallarse libre de reclamaciones de toda clase, en caso de haber sido contratista o consultor de adquisiciones o contrataciones ejecutadas con fondos públicos.
La ley original establece que sean abogados de la República, pero la propuesta lo exige solo para el cargo de presidente del tribunal y su suplente; mientras que para el primer y el segundo vocal solo se requiere que sean profesionales con título universitario.
Se elimina de los requisitos para integrar el Tribunal que tengan conocimientos y experiencia laboral, en lo relacionado con la aplicación de la legislación ambiental y especialmente de los Procedimientos Sancionatorios.
Aunque se deja la parte de que sean nombrados por el Presidente de la República, se quita también que los vocales y sus suplentes deben ser profesionales con título universitario en gestión ambiental, de residuos, administración pública, o ciencias afines y con experiencia.
El proyecto se envió a estudio de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea.
