El Estado salvadoreño sigue sin cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar al abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya, detenido desde junio pasado, acceso a sus defensores y garantías de su salud.

La CIDH solicitó al Estado el pasado 22 de septiembre que adoptara las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Anaya. 

Sin embargo, fuentes vinculadas al caso afirmaron que hasta la fecha aún no existe comunicación por parte del Estado con respecto al cumplimiento de estas peticiones. 

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Estas fuentes aseguraron que el equipo de defensa ha solicitado al Tribunal que lleva el proceso de Anaya que realice una diligencia de revisión de medidas, para que pueda recibir medidas alternas a la detención, como solicitó la CIDH. 

«La Comisión reconoce que la situación de Enrique Anaya es grave y urgente en lo que se refiere en su derecho de salud, a la vida y a integridad personal. Esa gravedad es tal que su situación se encuentra a pasos de tener daños irreparables», mencionó la fuente consultada. 

La CSJ admitió el pasado 20 de junio el recurso de hábeas corpus (conocido como exhibición personal) a favor de Anaya Barraza, por la vulneración de sus derechos a la salud y a la defensa adecuada.

Sin embargo, la defensa también ha solicitado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que informe sobre el avance del recurso presentado en esta instancia judicial. 

La CIDH solicitó a El Salvador que detallara, en un plazo de 15 días, contados a partir de la notificación de la resolución, sobre la adopción de medidas cautelares requeridas y que actualizaran la información en forma periódica. 

Anaya fue capturado el 7 de junio de 2025 y desde que fue enviado a un centro penal se encuentra en una situación de incomunicación absoluta, «no se tendría certeza sobre su situación actual ni su condición de salud considerando sus padecimientos crónicos», menciona la CIDH. El abogado es acusado del delito de lavado de dinero.

Según se conoció, el constitucionalista fue enviado el 10 de julio al Centro Penal La Occidental, ubicado en Santa Ana. 

Se consultó al equipo de prensa de la Cancillería, que es la institución encargada de entablar comunicaciones con la CIDH, para saber si el Estado salvadoreño ha emitido alguna respuesta a esta instancia internacional pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta a la pregunta enviada.