Como cada mes, la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas, aprobó otra prórroga al decreto del régimen de excepción, medida usada por el gobierno como medida de sostenimiento a la seguridad. El nuevo decreto estará vigente del 2 de noviembre al 1 de diciembre de 2025.
El estado de excepción suspende de manera general en todo el territorio las garantías constitucionales del derecho a la defensa técnica y de ser informado inmediatamente del motivo de la detención; amplía de 72 horas a 15 días el plazo de la detención administrativa, es decir, el tiempo que tiene el Ministerio Público para presentar una acusación ante tribunales, y suspende el derecho de inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.
La prórroga siempre se aprueba con dispensa de trámites a solicitud de Nuevas Ideas y es acompañada con votos del PCN y PDC.
De acuerdo a los datos expuestos por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, ante la comisión de Hacienda al exponer el proyecto presupuestario de 2026, del 27 de marzo al 16 de octubre de 2025, se registraron 89,875 capturas, la incautación de 5,084 armas de fuego y 11,689 vehículos.
«Además, que a partir de información obtenida mediante labores de inteligencia y el monitoreo de redes sociales, se ha detectado la utilización de gestos, señales y formas de comunicación asociadas a pandillas por parte de menores de edad, manifestadas a través de diversas expresiones en plataformas digitales», señala la correspondencia enviada por el Gabinete de Seguridad del gobierno.
Agrega que el involucramiento de menores de edad «no se limita a dichas manifestaciones simbólicas, sino que incluye su participación en procesos de comunicación y coordinación de acciones ilícitas mediante el uso de tecnología y redes sociales».
Según el gobierno, «estas dinámicas facilitan la reorganización y ejecución de operaciones delictivas en las comunidades donde residen» que «esta situación representa un riesgo latente de reclutamiento y regeneración de estructuras criminales, además de constituir una amenaza significativa para la seguridad pública y un obstáculo para los esfuerzos de prevención social».
Por lo que considera «imprescindible para anticipar y neutralizar estas dinámicas comunicacionales y operativas» mantener el régimen de excepción.
El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, se refirió a la captura de una mujer con antecedentes delictivos desde 2008 y que apareció en un documental en ese año para decir que hay remanentes de pandilleros de alta peligrosidad que aún falta por capturar y por eso apoyan el régimen.
Tanto organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales como organismos internacionales han hecho reiterados llamados a no prolongar el régimen de excepción, debido a las denuncias de abusos, capturas arbitrarias, torturas y más de 400 muertes de personas bajo custodia del Estado; pero no han sido tomadas en cuenta por el oficialismo.
«En su informe sobre El Salvador, la CIDH abordó el modelo fuertemente punitivo adoptado por el Estado en materia de seguridad ciudadana y recordó que la garantía y la protección de los derechos humanos debe ser el objetivo y punto de partida de cualquier política pública en ese sector. Destacó además la importancia del sistema de justicia frente a las denuncias de violaciones masivas de derechos humanos enmarcadas en el régimen de excepción. Al respecto, recomendó 23 medidas al Estado para cesar las posibles violaciones a los derechos humanos, investigar los hechos y responsabilidades y reparar las víctimas», dijo en ese momento.
Y llamó al Estado salvadoreño a cumplir con su obligación de asegurar las garantías judiciales a todas las personas detenidas, y a abstenerse de aplicar medidas excepcionales restrictivas a los derechos humanos a situaciones ajenas a las estrictamente justificadas bajo estándares internacionales.
El 30 de septiembre de 2025, Amnistía Internacional advirtió que el régimen ha consolidado un aparato represivo y también se usa para criminalizar a defensores de derechos humanos.
«Ha consolidado un modelo que le da apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas, la suspensión de garantías judiciales y la imposición de plazos desproporcionados de detención administrativa», expresó.
Además de que la situación carcelaria en el país es alarmante.
