La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 56 votos, una reforma a la Ley de Presupuesto General 2025 para que se incorporen $250 millones provenientes de un préstamo externo para que el Ministerio de Hacienda pueda cubrir «determinadas obligaciones generales» del Estado.
El 3 de septiembre de 2025, el Órgano Ejecutivo aprobó el Contrato de Préstamo No. 9854-SV suscrito el 19 de agosto por el ministro de Hacienda y el 18 de agosto de 2025 por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta $250 millones, para financiar la operación denominada “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador”.
De acuerdo a lo expuesto por el representante del Ministerio en la Comisión de Hacienda del lunes, el préstamo «es en apoyo a las medidas adoptadas por el gobierno en el marco de la responsabilidad fiscal» y otros compromisos del gobierno.
La Unidad Presupuestaria de Obligaciones Generales del Estado es parte de las operaciones que debe realizar el Ministerio cada año, como la revolución de impuestos, pago de Seguridad Social, seguros de vida, transferencias al IPSFA y pago de contribuciones a organismos internacionales, que podría ser gasto corriente, pese a que el gobierno aseguró que el presupuesto de 2025 estaba «completamente financiado».
Sin embargo, ni en la presentación de Hacienda ni en la pieza de correspondencia se especificó en cuáles de las líneas presupuestarias se asignarán esos fondos de deuda pública.
Falta de transparencia
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señaló la falta de información sobre el destino específico de los fondos provenientes del endeudamiento. La legisladora votó en contra de la reforma.
«No se expresa en el proyecto de decreto específicamente en qué se van a utilizar. Y a mí me parece, y es evidente, que esto genera un problema de transparencia», expresó.
Mencionó que la Unidad Presupuestaria de Obligaciones Generales del Estado tiene 12 subpartidas distintas, por lo que es necesario que se informe cuáles son las que requieren el refuerzo. Y, además, que es preocupante que otros préstamos en el mismo paquete del tema fiscal negociado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y organismos multilaterales pueda incorporarse al presupuesto de la misma manera.
«Los salvadoreños quieren saber en qué se va a asignar esta deuda que el país está incurriendo. Así que esta manera de incorporar los fondos al presupuesto no reúne los criterios necesarios de transparencia y de efectiva rendición de cuentas por parte del Estado», afirmó.
Por su parte, el diputado Giovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas, explicó más las etapas de autorización y aprobación de fondos que el destino de los mismos.
«Este préstamo también ha sido otorgado por el BIRF en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando el gobierno central en cuanto a poder mantener las políticas fiscales con esa finalidad, más sanas», dijo.
Y que en la parte de resiliencia se refiere a contar con recursos en caso de afectaciones por fenómenos naturales.
Cabe mencionar que la línea presupuestaria del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), que es el que se activa en casos de emergencias climáticas, está en otra unidad presupuestaria diferente a la de Obligaciones Generales del Estado.
