La organización internacional Human Rights Watch (HRW) señaló este jueves que las recientes detenciones de defensores de derechos humanos y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador forman parte de «una campaña más amplia de represión» contra las voces críticas en el país centroamericano.
HRW comunicó que revisó videos y documentos judiciales que «demuestran» que los cargos contra el abogado Alejandro Henríquez -también defensor de derechos ambientales- y el líder comunitario José Ángel Pérez son «infundados» así como sus detenciones fueron «arbitrarias».
En este contexto recordó que en mayo pasado las autoridades salvadoreñas detuvieron a Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país.
Mencionó el arresto de Enrique Anaya, abogado constitucionalista y señaló que «ambos se encuentran detenidos en régimen de incomunicación, mientras que sus procesos han sido puestos bajo reserva».
HRW consideró que «los jueces a cargo de estos casos deben garantizar audiencias públicas y asegurar que los acusados puedan comunicarse con sus familiares y abogados».
«El Salvador es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben restricciones a la libertad de reunión pacífica, salvo aquellas que sean ‘necesarias en una sociedad democrática’ para proteger una serie de intereses importantes, entre ellos el orden público, la seguridad pública y los derechos de los demás», apuntó la organización.
Para Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, «los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales deben intensificar sus condenas a los abusos en El Salvador y exigir al gobierno de (Nayib) Bukele que retire los cargos infundados contra defensores de derechos humanos».
Amnistía Internacional (AI) señaló recientemente que, con el inicio del segundo mandato presidencial de Bukele, «El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil».
