La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró este jueves su preocupación por la prolongación indefinida y la «indebida aplicación» del régimen de excepción en El Salvador, luego de más de tres años de vigencia de la suspensión de algunas garantías constitucionales para la población; e insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para su terminación.

Con cada prórroga, el gobierno justifica mantener la medida para contrarrestar la violencia ocasionada por las pandillas.

«En su Informe sobre el Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador publicado en 2024, la CIDH tuvo en cuenta el descenso significativo en los índices de violencia reportados por el Estado, e indicó que no observaba la situación de emergencia requerida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para mantener derechos suspendidos en el país. Asimismo, alertó que las garantías judiciales indispensables no pueden ser suspendidas en ninguna circunstancia», dice el comunicado.

El gobierno también asegura que van más de 88,000 detenidos en este periodo, supuestamente miembros de estructuras criminales. Pero organizaciones de la sociedad civil han informado a la CIDH sobre un aproximado de 7,000 casos documentados de violaciones de derechos humanos, como detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, la muerte de más de 400 personas privadas de libertad bajo custodia del Estado, violaciones múltiples en el acceso a la justicia, entre otros.

Indica que en los casos de defensores de derechos humanos detenidos también se les ha aplicado los plazos extendidos del régimen, sin considerar las circunstancias particulares.

«En la audiencia pública del 193 Periodo de Sesiones, organizaciones de la sociedad civil señalaron que el sistema penal del país está siendo usado de manera indebida, lo que agrava frente a las afectaciones a la independencia del Órgano Judicial y del Ministerio Público denunciadas desde 2021, y la aprobación de reformas legales regresivas en los últimos cuatro años», dice la Comisión.

Además, el acoso y la criminalización de personas defensoras y de periodistas, y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros ha generado «un efecto intimidatorio» en el ejercicio de sus labores, restringiendo el espacio cívico y provocando el exilio de periodistas y organizaciones. La CIDH llama al Estado a cumplir con su obligación de asegurar las garantías judiciales.