La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de tres ciudadanos guatemaltecos detenidos «arbitrariamente» en El Salvador, según informó este viernes el organismo.
La CIDH detalló en un comunicado, publicado en su página web, que el caso fue expuesto el 14 de agosto del año en curso por «la detención arbitraria y la afectación al derecho a las garantías judiciales y a la libertad de residencia y circulación en perjuicio de Álvaro Agustín Mejía, Juan del Cid Morales y Erik Donaire Constanza Bran, de nacionalidad guatemalteca».
Señaló que la petición, recibida por la Comisión el 17 de octubre de 2008, «expone que en septiembre de 2006 Álvaro Agustín Mejía, Juan del Cid Morales y Erik Donaire Constanza Bran viajaron de Guatemala a San Salvador para una reunión, durante la cual fueron interceptados por unos 30 agentes de la Policía Nacional».
Detalló que «los policías los detuvieron sin orden judicial ni explicación, los trasladaron a un estacionamiento donde un agente de la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) daba instrucciones y luego los llevaron en vehículos sin identificación hasta un aeropuerto con apariencia de base militar».
De acuerdo con la CIDH, «las víctimas fueron subidas a un avión de la DEA y trasladadas a Fort Lauderdale, Florida. Durante el trayecto sufrieron amenazas y malos tratos, y se les negó todo contacto con sus familias o con la Embajada de Guatemala».
Apuntó que «documentos de la Corte del Distrito de Columbia, de Estados Unidos confirmaron que la operación fue coordinada entre la DEA y la Policía salvadoreña» y que «la Corte señaló que este traslado se enmarcó en el tratado de extradición entre ambos países».
No obstante, «el Estado salvadoreño afirmó no tener registros policiales o judiciales de la detención y la denuncia presentada en septiembre de 2006 por Silvia Marina Juárez de Del Cid por la privación de libertad no recibió respuesta», indicó.
La Comisión, según señaló, «observó que la entrega de las víctimas a la DEA y su traslado inmediato a Estados Unidos no se realizó bajo un procedimiento de extradición legal, ya que no existió una decisión motivada ni un proceso judicial con garantías mínimas» y que «las víctimas no tuvieron oportunidad de ejercer su defensa ni de recurrir la medida ante una instancia superior».
«La Comisión Interamericana concluyó que el Estado salvadoreño es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, libertad de circulación y residencia y protección judicial», expone en el comunicado.
Además, agregó que solicita a la Corte IDH que se «repare integralmente las violaciones declaradas, mediante medidas de compensación económica y de satisfacción», que se brinde «atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas, de forma concertada y si así lo desean», entre otras medidas.
