La Dirección de Mercados Nacionales recibirá $1.3 millones para iniciar su funcionamiento, mientras que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) recibirá un refuerzo de $10 millones para cubrir la alimentación de privados de libertad en el presente año, de acuerdo a las reformas a la Ley de Presupuesto de 2025 que Asamblea Legislativa aprobó este miércoles.
Una reforma es para la incorporación del presupuesto especial de la Dirección de Mercados Nacionales, adscrita a la Presidencia de la República y cuyo inicio de operaciones fue anunciado en agosto pasado por el presidente Nayib Bukele, con $1.3 millones, de los cuales $500,000 provendrían de transferencias corrientes de asignaciones disponibles del Ministerio de Hacienda y $842,045 de la estimación de ingresos por arrendamientos y adjudicación de puestos de mercados y locales.
La Ley de creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales ubicados en Espacios Públicos se aprobó el 5 de junio de 2025 y en esta se establece que en su patrimonio estarán los aportes del Estado, en este caso de fondos públicos, y los ingresos provenientes de arrendamientos.
Composición del patrimonio de la Dirección de Mercados Nacionales.
La distribución será así:
Para el rubro de Remuneraciones $424,097
Para adquisiciones de bienes y servicios $780,728
Para gastos financieros y otros $34,665
Para inversión en activos fijos $102,555
Cabe recordar que la construcción del mercado San Miguelito fue ejecutada por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM). El nuevo edificio tiene 45,000 metros cuadrados de construcción, lo conforman cuatro niveles y una terraza y tiene una capacidad para albergar 1,040 locales. La inversión de su construcción ascendió a $34 millones.
Precios desconocidos
En el evento de lanzamiento en agosto, Bukele aseguró que se priorizará a los comerciantes que estaban en el anterior edificio del San Miguelito que se quemó y que pagarían la misma cantidad de arrendamiento que pagaban antes.
Según la ley, la Dirección determinará el precio de arrendamiento de los puestos de venta y locales; pero hasta el momento no se han divulgado las tarifas.
El diputado Francisco Lira no acompañó con su voto la reforma y señaló la falta de claridad en cuanto a los cobros.
«Este vacío de información genera una preocupación legítima: ¿Se busca realmente fortalecer a los micro y pequeños comerciantes, o se les impondrán tarifas más altas, como ocurre en mercados con arrendamientos caros tipo Hula Hula, que terminan expulsando a los vendedores populares?», cuestionó.
Agregó que pese al discurso de apoyo a los comerciantes, la realidad sería diferente. «Se están centralizando recursos y creando nuevas cargas económicas para los comerciantes más vulnerables. Sin reglas claras sobre tarifas y mecanismos de cobro, esta reforma puede convertirse en un golpe directo al bolsillo de quienes sostienen la economía familiar y local del país».
También cuestiona la proyección de ingresos por arrendamientos, que sería para lo que resta de este 2025. «Si las tarifas se mantienen iguales, la recaudación actual apenas alcanza para cubrir gastos básicos de limpieza, seguridad y administración. ¿Cómo pretenden entonces generar casi un millón de dólares adicionales?», dijo.
Considera que se incumpliría la promesa de mantener los mismos precios de arrendamiento de los antiguos locales bajo la figura de ajustes administrativos o que la Dirección «se convierte en una institución deficitaria» que dependerá de transferencias discrecionales de Casa Presidencial, sin transparencia ni control legislativo.
En redes sociales circulan imágenes de mandamientos de pago de arrendamiento a la nueva Dirección con montos de hasta $84 mensual, cuando a la alcaldía se pagaba menos de $9.
«Se Incrementó cerca de 10 veces el costo del puesto», expuso el economista Rafael Lemus.
Por su parte, el diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas, aseguró que con esta Dirección se fomentará el ordenamiento de los comercios en espacios públicos y la economía local. «Por supuesto genera confianza en el sistema de arrendamiento y adjudicaciones, algo que no pasaba en el pasado», afirmó, aunque tampoco mencionó los montos en que oscilarían las tarifas a pagar por arrendamiento.
En ese mismo contexto, se anunció en agosto la entrega del Mercado de Chalchuapa, en Santa Ana Oeste ($17.6 millones); Mercado de Tapalhuaca, en La Paz Oeste ($852,000); Plaza Gastronómica Monte San Juan, en Cuscatlán Sur ($1.2 millones); y el Mercado de El Triunfo, en Usulután Norte ($1.3 millones).
La Ley aprobada también dice que formará parte de su patrimonio los inmuebles que las municipalidades les entreguen «voluntariamente» en comodato a favor de la Dirección de Mercados Nacionales, por un plazo de 50 años prorrogables.
Además, la Ley declara «de utilidad pública e interés social las inversiones que realice el Órgano Ejecutivo, a través de cualquiera de sus dependencias a nivel nacional, destinadas al diseño, construcción o remodelación de los mercados municipales y los locales comerciales ubicados dentro de plazas, parques o espacios públicos; así como las obras de conservación, protección y administración de éstos».
Se aprobó reforma a la Ley de Presupuesto 2025 por la incorporación del presupuesto especial de la Dirección de Mercados Nacionales, por $1,342,045 pic.twitter.com/JxCt86DoMZ
Para el ramo de Seguridad Pública y Justicia se reorientarán $10 millones.
«El Viceministerio de Seguridad Pública y Justicia, a través de la Dirección General de Centros Penales, ha transformado el sistema penitenciario, convirtiendo los reclusorios en espacios de reinserción social y productiva, promoviendo al mismo tiempo la colaboración interinstitucional para facilitar la implementación de medidas alternativas al encarcelamiento, lo cual forma parte de la estrategia de Seguridad implementada por el Gobierno», dijo Laura Michelle Arce, subdirectora general de presupuesto en la comisión de Hacienda el lunes.
No obstante, agregó que el incremento de la población reclusa ha generado necesidades adicionales de recursos para cubrir el servicio de alimentación, por lo que pide el refuerzo que saldría de las asignaciones disponibles del ramo de Hacienda.
El diputado Edgardo Mulato dijo que para 2021 había 2,000 privados de libertad en el Plan cero ocio y que para 2025 son alrededor de 10,000 los privados de libertad que trabajan en diferentes áreas, como en obras de la DOM y confección de uniformes escolares.
En la plenaria de este miércoles también se aprobó la iniciativa de Nuevas Ideas de que se exonere de todo tipo de impuestos, que pueda causar la introducción al país de un vehículo a beneficio de la Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo (EDYTRA), donado por la Embajada de los Estados Unidos de América, para contribuir con sus actividades en favor de la población.
