Que se pueda comercializar aquellos desechos de manejo especial que recolecte fue la propuesta que presentó el director de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) a la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa, en el marco de la reforma a la Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos.

La reforma busca incorporar en la ley un pliego tarifario de precios públicos en cuanto a la comercialización de residuos que sean recolectados, como incentivos que fomenten el reciclaje. La reforma tiene el dictamen favorable de la Comisión.

Alexander Francisco Gil Arévalo, director general de ANDRES, explicó que los recolectores no recogen desechos voluminosos como llantas, colchones y electrodomésticos porque no hay un sitio de disposición final adecuado.

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«Nosotros desde ANDRES hemos reforzado la recolección y hemos hecho hincapié en la recolección de este tipo de residuos; pero estamos acopiando, por ejemplo, llantas, vidrio y llega el momento que hay que aprovecharlos, hay que valorizarlos», dijo a los diputados de la Comisión.

La propuesta de reforma presentada por el gobierno inicialmente añadía a las facultades del director general la de «proponer al Órgano Ejecutivo, por medio del Ramo de Obras Públicas y de Transporte, los proyectos de tasas por servicios que presta, para someterlas al proceso de aprobación por parte del Órgano Legislativo».

Pero, a petición del director, esta redacción ya no sería incorporada en la reforma, sino solamente la parte de «aprobar los precios públicos por servicios y productos que ofrezca a través de un acuerdo institucional, previa autorización del Ministerio de Hacienda».

Y que los recursos provenientes del pago de la prestación de servicios y productos formen parte de su patrimonio.

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Se añadiría a la ley en el uso del fondo que, previo visto bueno del Ministerio de Hacienda, «podrá ser usado para pignorar, garantizar obligaciones, para pagar hipotecas y prestamos, emitir y colocar bonos de toda clase en el mercado nacional y extranjero y titularizar activos».

Otra parte de la reforma es la actualización de requisitos para la conformación del Tribunal Sancionador, estableciendo que sean abogados de la República solo el presidente y su suplente, no así para los vocales, quienes deberán ser profesionales con título universitario.