En El Salvador, la mayoría de los ingresos que percibe el Estado vienen a través del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), un gravamen indirecto que todos los salvadoreños y salvadoreñas pagan cada vez que adquieren un producto o servicio, es decir, es un impuesto que se aplica al consumo.

Esta forma de recaudar los impuestos hace que las aportaciones tributarias sean bajo las mismas condiciones para toda la ciudadanía y sin distinción de su nivel socioeconómico o de sus ingresos, algo que provoca que nuestro sistema tributario sea considerado como regresivo, es decir, que para pagar este tributo las personas con menos ingresos destinan una proporción más grande de su dinero que las personas que ganan más.

Por ejemplo, si una persona gana al mes el salario mínimo del sector comercio ($408) y realiza compras por $150, aporta hasta $19.50 solo en IVA, lo que se traduce en un 4.7% del total de sus ingresos. Por otro lado, si una persona con un salario de $5,000 realiza la misma compra, la proporción que ocupa su aportación al IVA con respecto a sus ingresos es de solo 0.39% y, aunque sea el mismo valor de $19.50, es una cifra muy pequeña dentro de su capacidad económica. Y si los ingresos son más altos, la proporción disminuye aún más y más.

“Un impuesto debe cumplir con el principio de equidad, donde hogares o empresas con mayores niveles de ingreso y riqueza contribuyan más al desarrollo económico y social”.  

Óscar Cabrera, economista y autor del estudio

Debido a lo anterior, diseñar un sistema que grave el IVA de manera específica para cada sector socioeconómico es algo técnicamente imposible, y debido a que el Impuesto Sobre la Renta (ISR), aunque sea un impuesto directo, no se aplica sobre patrimonios o riquezas heredadas, sino solo en ingresos, es que los economistas e investigadores Óscar Cabrera y Diana Navarro presentaron un estudio que analiza la posibilidad de implementar un sistema de tributación progresiva, el cual debería aplicar impuestos de manera proporcional según la riqueza o capacidad económica de las personas, es decir, mucho más equitativo.

¿Qué más dice el estudio?

Según Cabrera, uno de los autores del estudio Tributación progresiva para un nuevo modelo productivo, inclusivo y sostenible, publicado por la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen) con el apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana, el implementar un nuevo sistema tributario “es prioritario” si se observa el rumbo que llevan las finanzas estatales, las cuales en la actualidad están sometidas un pago muy alto de intereses producto del fuerte endeudamiento, algo que, en síntesis, impide que haya mayor inversión en áreas como Educación, Salud, u otros proyectos sociales.

En este sentido, y pese a que el 2025 cerró con una recaudación tributaria de $7,986.1 millones frente a los $7,369.1 millones de 2024, este crecimiento del 8.4% no es suficiente para asumir esas obligaciones fiscales que tiene el gobierno, las cuales, según Cabrera, podrían incrementar aún más en 2027 por el vencimiento de período de gracia que el gobierno tiene con el Sistema de Pensiones, y lo que se traduciría en un pago anual de hasta $1,400 millones por la deuda previsional.

Pero, entonces, ¿cuál es la alternativa ante esta situación? Precisamente eso es lo que aborda el estudio elaborado por Cabrera y Navarro, quienes explican que la creación de un impuesto al patrimonio, y que gravaría la riqueza de solo 110 personas en el país con patrimonios y activos de más de $5 millones, podría ser una alternativa antes las futuras presiones financieras ya que, según sus estimaciones, el Estado percibiría nuevos ingresos de entre $477 y $1,500 millones solo de esos impuestos, un monto que es similar a los presupuestos que tienen asignados los ministerios de Educación y Salud para este 2026.

Con respecto a esto, Cabrera señala que esta reforma es necesaria porque “un impuesto debe cumplir con el principio de equidad, donde hogares o empresas con mayores niveles de ingreso y riqueza contribuyan más al desarrollo económico y social”, y añade que “no es justo que un hogar con altísimos ingresos pague los mismos impuestos (como el IVA) que una familia que se sostiene con el salario mínimo. Debe ser proporcional”.

Un sistema de tres tramos

La propuesta de los economistas sugiere que este impuesto anual al patrimonio se aplique en tres tramos: 1. Que se aplique una tasa del 2% a los individuos con patrimonios de entre $5 y $30 millones; 2. Una tasa del 3.5% para patrimonios de entre $30 y $100 millones y; 3. Una tasa del 5% para los patrimonios netos de más de $100 millones. “Estas tasas -señala Cabrera- son ínfimas para las personas con esos patrimonios”, y agrega que “con ese dinero es más que suficiente para transformar el sistema educativo, universalizar la salud o, por ejemplo, asegurar la reforma al Sistema de Pensiones”, un punto que por el momento se mantiene en la incertidumbre debido al riesgo de insostenibilidad del sistema.

La razón, además de las evidentes necesidades que tiene el Estado de sanear sus finanzas, también tiene que ver con un trasfondo de falta de equidad en el sistema económico salvadoreño donde, según el estudio, se promueve la concentración inequitativa de la riqueza, pues, por ejemplo, el 1% más rico de la población concentra casi la cuarta parte de la riqueza nacional (24.7% entre 2020 y 2023), y el 10% más rico casi la mitad (43%). Por su parte, el 50% de la población apenas acumula el 4.8% del total de la riqueza en el país.

$1,500 millones

En ingresos tributarios podría percibir el Estado con un impuesto a la riqueza

Debido a lo anterior es que el también expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) apunta que la propuesta construida en el estudio se basa en cuatro pilares como lo son el recaudar los ingresos necesarios para financiar los servicios públicos, el frenar las desigualdades extremas, el invertir en bienes públicos de calidad y fortalecer la democracia y la transparencia, incluyendo la rendición de cuentas del gobierno con los contribuyentes.

Las valoraciones del estudio, además, arrojan que la recaudación de impuestos indirectos (IVA) y directos (ISR) es sostenida por la población con menos ingresos, es decir, empleados y trabajadores del sector informal, lo que agrega aún más presión sobre esos sectores económicos, todo en un contexto en el que, según Cabrera, se prevé que haya una desaceleración en indicadores como las remesas, las cuales son las principales impulsoras del consumo en el país y, por ende, de los ingresos por el IVA. Por lo que, a menor ingreso de remesas, menor consumo en los hogares y menor recaudación de impuestos.

Lo anterior debido al contexto político que ocurre actualmente en Estados Unidos, cuya política migratoria se ha vuelto cada vez más agresiva y con un aumento sostenido en la cantidad de salvadoreños deportados desde ese país.

Por estos y otros factores, vinculados con la estructura social y económica que ha predominado, históricamente, en el país, es que Cabrera considera que “un impuesto progresivo a la riqueza es un prerrequisito para la supervivencia del pacto social, ya que la población salvadoreña no alcanza a sobrevivir con sus niveles de ingresos, y los jóvenes enfrentan, cada día más, a trabajos precarios”.

El estudio completo puede consultarse en el sitio web del Observatorio de Política Fiscal en El Salvador.

$7,986.1 millones

Fue el total de ingresos por impuestos que registró el país en 2025