La deuda previsional del Estado creció durante 2025 y alcanzó los $11,241.1 millones a noviembre, lo que representa un incremento de $715.2 millones frente a diciembre de 2024, cuando el saldo se situaba en $10,525.9 millones, según el último reporte del Ministerio de Hacienda.

El aumento fue impulsado por los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), cuyo saldo pasó de $2,130.2 millones a $2,846.9 millones, es decir, un crecimiento cercano a $717 millones en menos de un año.

Los COP son instrumentos de deuda estatal creados tras la reforma de pensiones de 2022, en sustitución de los antiguos Certificados de Inversión Previsional (CIP) y son adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con los ahorros de los trabajadores, a cambio de una rentabilidad fija del 7 % anual.

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Estos certificados permiten al Estado acceder a los fondos previsionales para financiar el pago de las pensiones del sistema público anterior, administrado por el ISSS y el INPEP, reprogramando una deuda que anteriormente era gestionada a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).

Por ello, su crecimiento ha sido señalado como una utilización creciente de los ahorros de los cotizantes para cubrir compromisos del sistema público.

A este saldo se suman los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), también creados con la reforma de 2022. Estos instrumentos están destinados a financiar obligaciones del sistema de pensiones, también con impacto directo sobre los fondos de los trabajadores.

Según el último reporte, los CFT tuvieron un leve descenso de $8,395.7 millones a $8,394.2 millones.

Como resultado de la evolución conjunta de los COP y los CFT, la deuda previsional pasó de representar 29.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) en diciembre de 2024 a 30.7 % del PIB en noviembre de 2025, evidenciando una mayor presión estructural sobre las finanzas públicas.

El fuerte crecimiento de los COP confirma que el sistema previsional continúa siendo una de las principales fuentes de financiamiento del Estado, con implicaciones de largo plazo para la sostenibilidad fiscal y la seguridad de los fondos de pensiones.