Aunque la mayoría de los hogares en El Salvador logra cubrir sus necesidades alimentarias básicas mes a mes, esa capacidad se enfrenta cada vez más a decisiones difíciles que implican recortar otros gastos o tomar medidas que ponen en riesgo la estabilidad económica en el mediano plazo, según el boletín más reciente de la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (Fews Net, en inglés), el cual coloca a las familias salvadoreñas en un escenario donde la escasez total de alimentos todavía no representa un problema grave, pero sí las condiciones bajo las cuales las familias logran comprar o adquirir sus alimentos.

El documento señala que actualmente la mayor parte de los «hogares del área rural (especialmente aquellos que han acumulado deudas a lo largo de varias temporadas de producción por debajo del promedio) dependen cada vez más de diversas estrategias de afrontamiento para preservar el consumo de alimentos, en un contexto de precios de los alimentos básicos superiores a la media y reservas de alimentos de producción propia agotadas o inferiores al promedio», lo que implica que estas estrategias no son sostenibles en el tiempo para todos.

De acuerdo con el informe, «los hogares más afectados están experimentando ligeros déficits en el consumo de alimentos o recurriendo a estrategias de afrontamiento insostenibles para mitigar dichos déficits, tales como la venta de activos productivos o del hogar, la reducción del número de comidas al día o la reducción de gastos esenciales no alimentarios».

Esta situación es más común en los departamentos de Usulután, Morazán y La Unión, los cuales también se ven amenazados por factores climáticos como la disminución de lluvias a causa de fenómenos como El Niño, el cual podría desarrollarse para este año según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Asimismo, uno de los factores que explica esta situación es el aumento sostenido en los precios de los alimentos básicos, que se mantienen por encima de los niveles que se registraban hace cinco años y, por ejemplo, el boletín subraya que el maíz blanco, uno de los alimentos base de la dieta salvadoreña, registró incrementos de hasta un 20 % en enero y en comparación con el año pasado, mientras que los frijoles también se mantienen por encima de sus niveles históricos, aunque algunas importaciones de ese grano «mejoraron la estabilidad del precio» en 2025, según Fews Net.

Según los datos más recientes de la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), del Banco Central de Reserva (BCR), la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para el área urbana alcanzó los $252.66 en febrero, una cifra muy superior a los $199.24 que registraba en el mismo mes pero de 2020. Por el lado de la CBA Rural, para febrero el dato se colocó en $183.52, un monto también lejano de los precios registrados en el mismo mes de 2020, cuando se colocaba en $145.86.

El precio de la canasta básica en el área rural se traduce en más dificultades si tomamos en cuenta el salario básico para los trabajadores agropecuarios, para quienes se coloca en $272.72. Después de adquirir los alimentos básicos para una familia de menos de cuatro miembros, el dinero disponible para otros gastos como salud, educación o servicios, es apenas de $89.

Esta combinación de precios altos, menores ingresos y la dependencia de la temporada agrícola para poder trabajar es lo que está afectando directamente la capacidad de comprar comida de las familias rurales del país, algo que es más evidente en el Corredor Seco oriental, es decir, esos departamentos del oriente salvadoreño que sufren la influencia directa de las temporadas de sequía.

Pero, ¿por qué los trabajos de temporada inciden en la economía de las familias? Según el documento de Fews Net, esto se debe a que la mayoría de familias pobres se componen de agricultores de subsistencia, es decir, que obtienen ingresos a partir de trabajos informales en las temporadas de cosecha de alimentos, entre octubre y marzo durante la temporada de cosecha de café y caña de azúcar, o durante las temporadas de cosecha de las siembras primera y postrera (agosto-septiembre y noviembre-diciembre, respectivamente).

«Fuera de los períodos de mayor demanda de mano de obra agrícola, las oportunidades son limitadas y los ingresos irregulares», apunta el boletín.

Por lo anterior, la disponibilidad de dinero en los hogares se ve afectada justo cuando más necesitan comprar alimentos, lo que los obliga a ajustar su consumo o a endeudarse para cubrir sus necesidades básicas, algo que, de hecho, se ha visto reflejado en algunas encuestas de opinión como la presentada en enero pasado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la cual arrojó que más del 58 % de las familias afirmó que durante el 2025 tuvieron que dejar de comprar ciertos alimentos para lograr cubrir sus gastos del mes.

Otros factores que inciden

De igual forma, el documento advierte que, aunque la mayoría de los hogares logra mantener un consumo mínimo de calorías, el número de familias que experimenta déficits alimentarios podría aumentar durante los meses más críticos del año, especialmente en el período de escasez que se extiende entre junio y agosto.

Durante este tiempo, la presión sobre los ingresos y los precios tiende a intensificarse, lo que obliga a los hogares a ampliar sus métodos de subsistencia.

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Estos meses coinciden con los meses que ha proyectado la ONU para la temporada seca influenciada por El Niño, algo que los sectores agrícolas del país ven con incertidumbre, ya que no saben la medida en que el período de sequía afectará la producción de este año, pues en 2023 y 2024 las pérdidas de cultivos por este fenómeno fueron de varias decenas de millones de dólares.

El tema climático no es el único que genera incertidumbre al sector, pues representantes de gremiales agrícolas han señalado que el conflicto bélico en Irán, y el consecuente impacto en el precio del petróleo, también añaden una capa más de preocupación para las familias del campo, pues con la subida de precios en los combustibles, insumos como fertilizantes y pesticidas necesarios para la producción, también podrían experimentar alzas.

Lo anterior sin mencionar que los fertilizantes también dependen de la industria petroquímica, por lo que hay riesgos de que los costos por trabajar la tierra aumenten. De ser así, los alimentos serían de las principales víctimas, ya que se verían afectados desde distintos frentes: por un lado, el aumento de los combustibles necesarios para el transporte de mercancías; por otro, el aumento en el precio de los insumos agrícolas y, por otro lado, las consecuencias del clima.

Además, el informe señala que la asistencia alimentaria en el país sigue siendo limitada tanto en cobertura como en alcance, lo que reduce el alcance en la reducción de la inseguridad alimentaria, pues apunta que «entre enero y agosto de 2025, aproximadamente 3,100 personas recibieron asistencia y se esperaba que niveles similares de apoyo focalizado y localizado continuaran hasta inicios de 2026, sin alcanzar a un número suficiente de personas como para cambiar las clasificaciones de seguridad alimentaria.»

No obstante, recientemente el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció un apoyo económico para la región centroamericana de hasta $3.8 millones, los cuales buscarán apoyar a unas 75,000 personas del Triángulo Norte, entre ellas, más de 4,000 salvadoreñas, como una iniciativa para prevenir el impacto que tendrá la temporada seca.