El Ejecutivo salvadoreño no presentó la propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones en la fecha que había acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de los compromisos adquiridos para acceder a un financiamiento de hasta $1,400 millones para sanear las finanzas públicas. 

Esto podría considerarse como un incumplimiento de dicho acuerdo, pues pese a que este 11 de febrero se llevó a cabo con normalidad la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa, a la agenda no se incorporó ninguna propuesta relacionada con las pensiones.

El fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda, señala  que “habrá que ver si esto implica que (el FMI) le dé o no el financiamiento por haber incumplido el plazo” al Ejecutivo; sin embargo, también apunta que existe la posibilidad de que el mismo gobierno haya pedido una prórroga, tal como ocurrió con el estudio actuarial que el organismo solicitó el año pasado y que no se presentó sino hasta diciembre.

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Pineda considera que, más allá de los plazos para presentar la propuesta, “el punto clave en todo esto es saber qué implicaciones tendrá sobre todos los trabajadores si esta propuesta no se presenta (…) ya sabemos que ya fue advertido un colapso inminente en el más corto plazo para el sistema de seguir la situación tal cual está”.

Lo anterior tiene relación con la situación actual de las cuentas en el sistema previsional salvadoreño, del cual el gobierno ha tomado prestado hasta un 73% del total de los fondos de los trabajadores, lo que equivale a más de $11,200 millones.

Por estas dificultades, que actualmente encaminan al sistema hacia el colapso, es que el coordinador de la Mesa se cuestiona muchos puntos que podría contener la propuesta: “¿Van a honrar la deuda? ¿Cómo lo van a hacer? Además, ¿van a mejorar las pensiones? ¿Van a reformar la fórmula de cálculo? ¿Qué configuración va a tener la cuenta de garantía solidaria que hasta el día de hoy ha sido diseñada para hacer una caja chica de los políticos? ¿Van a cambiar esa dinámica?”, se pregunta.

Otros economistas y especialistas coinciden en que la no presentación de la propuesta constituye un incumplimiento de un “compromiso estructural clave” dentro de este tipo de acuerdos con el Fondo. Aunque no sería inusual que el gobierno haya solicitado dicha prórroga, pero hasta el miércoles ni el FMI ni el Ejecutivo informaron que se haya solicitado esta extensión del plazo.

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El economista Otto Boris Rodríguez considera que “si no se hace una reforma, el sistema intensifica su insostenibilidad y eventualmente, llevará a un problema fiscal, que pondrá en riesgo la estabilidad de la economía en general”.

Además, señala que las consecuencias serían el utilizar aún más recursos provenientes de los fondos de pensiones, así como un aumento en el riesgo país lo que, finalmente, “requeriría de un ajuste fiscal aún más duro para atender la falta de fondos del sistema”.

Pese a esto, Pineda sostiene que “el contenido de la propuesta se antoja interesante” pero, señala, “habrá que ver qué tipo de medidas paramétricas son las que se van a proponer desde el gobierno para reformar el sistema (…) la edad de retiro es lo neurálgico del debate, habrá que ver en cuántos años quedará”.

Con respecto a esto, el experto en el tema considera que ese posible aumento en la edad de jubilación no será menos de 5 años, lo que dejaría a los hombres una edad de jubilación de 65 años y a las mujeres de 60.

“Este posible aumento a la edad de jubilación es algo interesante porque lo que hace es retrasar aún más el goce de una pensión”, advierte Pineda, quien también pone énfasis en la necesidad de que el Sistema de Ahorro para Pensiones tenga “un rostro humano”, es decir, que respete los derechos y garantice la seguridad previsional de los trabajadores.

“Apostarle solo al aumento de la edad de jubilación como única solución (a los problemas del sistema) sería algo incorrecto”, concluye.