Este 10 de febrero es una fecha clave para el Sistema de Pensiones en el país y para los compromisos que el gobierno salvadoreño adquirió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del Acuerdo de Servicio Ampliado, alcanzado en 2025 y que significaría una inyección de hasta $1,400 millones en financiamiento para sanear las finanzas públicas.

Sin embargo, este acuerdo trae endosadas una serie de condiciones que deben cumplirse, como lo son, precisamente, la necesidad de que el gobierno reforme el sistema previsional actual, el cual se encuentra en estado crítico y en riesgo de colapsar por la insostenibilidad de sus cuentas, o disminuir la masa salarial o mejorar la rendición de cuentas.

TAMBIÉN: El Salvador al borde de una reforma que redefine el futuro de las pensiones

No obstante, hasta la tarde de este 10 de febrero, ni el gobierno central ni las entidades relacionadas con la Ley (Ministerio de Hacienda, Asamblea Legislativa o el Instituto Salvadoreño de Pensiones) han publicado algún anuncio oficial que contenga la información sobre la nueva propuesta, la cual, se esperaría que traiga modificaciones como aumento a la edad de jubilación o a la contribución de las aportaciones, tanto de los trabajadores como de los empleadores, según han indicado especialistas y sectores interesados por el sistema previsional.

Esto, como lo explicó el economista Mario Montesino el pasado 3 de febrero, se traduce en que la reforma se enfocaría más en restablecer la sostenibilidad fiscal del sistema y no en mejorar las condiciones actuales que tienen los cotizantes, esto pese a que en 2023 entró en vigencia la ley actual, cuya propuesta de reforma se presentó en 2022.

Por otro lado, y caso de que el gobierno no presente el proyecto de reforma de pensiones este 10 de febrero, un economista e investigador señala a este periódico que se trataría de un incumplimiento de los compromisos del acuerdo con el FMI, aunque añade que «como suele suceder en estos casos, hay una vía de escape y es probable que el gobierno haya solicitado una prórroga. Esto ya ocurrió anteriormente, pues el estudio actuarial que solicitó el FMI el año pasado se prorrogó dos o tres veces, y no sería inusual que pase nuevamente».

Las razones detrás del riesgo de colapso

Actualmente, el gobierno salvadoreño ha tomado prestado cerca de $11,241 millones del fondo de pensiones, una suma que equivale a cerca del total de los ahorros de los salvadoreños. Esto ha provocado que la liquidez del sistema para cubrir las pensiones de las personas jubiladas se vea cada vez más deteriorada.

De hecho, el FMI indicó en su informe del año pasado que el sistema podría agotar su liquidez para el año 2027, año en el que vence el período de gracia de 4 años que se incluyó en la anterior reforma para que el gobierno no pagara, durante ese tiempo, los intereses por la deuda previsional en concepto de los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), los cuales son los instrumentos que sustituyeron a los anteriores títulos de deuda a través de los cuales el Estado tomaba dinero prestado de estos ahorros.

PUEDES LEER: El Salvador recibió cifra récord en remesas en 2025, con incremento del 17.8 %

Estos CFT implicaron una modificación en la tasa de interés y en los tiempos para liquidar esos préstamos que ha venido realizando el fondo de pensiones, por lo que, a partir de 2027 el gobierno se enfrentará a un pago del 7% de interés anual por esa deuda.

Asimismo, existe la posibilidad de que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que se destina para el subsidiar las pensiones de aquellas personas que ya utilizaron la totalidad de sus fondos individuales, se agote. Esta cuenta es financiada por los trabajadores que aún no se han jubilado, y debido al aumento del 30% a todas las pensiones en la reforma de 2022, el riesgo de que colapse la CGS es aún mayor.

Este estrés, ya existente en el sistema, podría dar luces sobre lo que no se esperaría de la reforma: Un aumento a la pensión mínima u otros beneficios como el retiro del 25% de anticipo de sus ahorros al que podían optar los trabajadores en reformas anteriores.